Este es un dato que hasta ahora no se conocía y se entiende, por tanto, que el fiscal del «caso Begoña Gómez» ya ha podido conocer información de los «ciento y pico» correos electrónicos que Doadrio declaró tener en su buzón profesional tanto con la esposa de Sánchez como con la asesora Álvarez. Estos mails, que el juez Peinado requirió entregar a la Complutense en un plazo de diez días, se encuentran en estos momentos siendo analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Como paso previo a que los agentes elaboren un informe policial en el que pondrán de relieve su contenido y su valor como material probatorio de si hubo un delito de malversación de caudales públicos en que Álvarez interviniese en cuestiones de la actividad profesional privada de Gómez.
En cambio, según se ha podido saber, las partes, las defensas de los tres imputados en esta pieza separada (de la mujer de Sánchez, de la asistente y del delegado del Gobierno en Madrid, Martín Aguirre), y la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, no han podido tener aún conocimiento del contenido de los correos ni de en cuántos la directora de Programas de Presidencia ejerce de interlocutora con Doadrio en la gestión de asuntos de la cátedra. De hecho, este dato no estuvo entre los expuestos por la Fiscalía para reclamar el archivo de esta pieza separada durante la comparecencia celebrada este sábado.
El representante del Ministerio Fiscal sí apuntó sobre estas comunicaciones, como parte de sus alegaciones, en sala y ante el magistrado, que «entre los años 2021 a 2024 Álvarez ha enviado y recibido correos electrónicos de Begoña Gómez en el marco y relaciones de la actividad que esta desarrollaba hasta julio de 2024 en la cátedra Social Competitiva desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid, por lo que esta última no recibía remuneración alguna».
En este sentido, el fiscal defendió en su intervención, que Álvarez cumplía con sus funciones como personal eventual del Ejecutivo y «sin que, por otro lado, haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente desempeñar ningún tipo (de) menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos».
Es por ello que, para el Ministerio Público estos nuevos mails no son suficiente material probatorio del desvío de recursos públicos. Dado que entiende que muchos de los asuntos que se tratan encajan con las labores que tiene atribuidas la asesora de «gestión de la agenda y preparación de la presencia (de Gómez) en reuniones, visitas y/o eventos».
Y también que se corresponden con «la gestión de las comunicaciones, asistencia telefónica y documental, acompañamiento en desplazamientos», otras de las funciones «de apoyo» que debe llevar a cabo como la asistente de la esposa de Sánchez en Presidencia del Gobierno. Asimismo, la Fiscalía admitió en la vista del sábado que Álvarez, pese a ser personal eventual, ostenta la condición de funcionario público «a los efectos del artículo 24 del Código Penal».
Pero, pese a que cumpliría con esta condición de ser trabajador público que se exige para poder cometer el ilícito de malversación de fondos públicos, el fiscal entiende que ella no ha incurrido en ningún supuesto en que sí podría haber indicios delictivos. «No estamos en el supuesto de una persona irregularmente designada para un puesto de trabajo que cobra un sueldo proveniente del Estado o de un ente público sin acudir a su puesto de trabajo y sin desempeñar la actividad que le corresponde», reseñó el fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, para pedir el sobreseimiento de las actuaciones, además de para Álvarez, para los otros dos imputados en la pieza, Gómez y Martín.
El núcleo de la tesis exculpatoria de Álvarez que ofreció el Ministerio Fiscal madrileño es que el hecho de que la asesora enviase correos «a terceros en nombre o por cuenta» de la mujer del inquilino del Palacio de la Moncloa no generó ninguna clase de «detrimento o perjuicio para el patrimonio público».
