La interventora de la UCM también ha asegurado que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la universidad. Además, ha señalado que no se exige cualificación técnica específica para suscribir dichos pliegos.
La declaración se produce en el marco de una de las acusaciones del juez contra Begoña Gómez, a la que atribuye un delito de intrusismo por elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para que la Universidad Complutense contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica y, con esos servicios, crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigía.
Según defendió el abogado de la imputada ante el juez, Gómez fue instada por responsables de la Universidad a firmar los pliegos técnicos con prontitud debido a que se terminaba el año natural y esto podía generar problemas presupuestarios. En este sentido, figuran unos correos electrónicos en la causa en los que responsables de la Universidad instan a la mujer del presidente a que firmara los citados pliegos de prescripciones técnicas antes de que terminara el año natural para evitar problemas desde el punto de vista presupuestario.
La defensa solicitó al juez que citara a Gutiérrez-Vierna y a otros cinco testigos al considerar que podían ayudar a descartar que la esposa de Pedro Sánchez se hubiese apropiado de forma indebida de un ‘software’ de la Complutense o hubiese cometido un delito de intrusismo al firmar pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la UCM. Hace un año que el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, pidió sin éxito dichas testificales. El pasado octubre la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la defensa y ordenó al juez resolver “sin dilación” sobre la procedencia o no de las mencionadas declaraciones.
Aunque el instructor acordó llamar a los seis testigos solicitados, la defensa renunció a dos de ellos, por lo que finalmente solo han comparecido cuatro: la mencionada Gutiérrez-Vierna; Mercedes Vaquero y María Jesús Morillo, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM; y Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG.
También han declarado las dos trabajadoras de la OTRI, que han señalado que dicha oficina no se encargaba de gestionar los dominios de Internet. La defensa pidió que ambas comparecieran porque en su momento “señalaron” a la esposa de Pedro de Sánchez “cómo debía registrar” el dominio de Internet. El letrado incidió en su escrito de petición, al que tuvo acceso Europa Press, en que Begoña Gómez lo registró “siguiendo las instrucciones de la propia UCM”. En el marco del interrogatorio, una de estas testigos ha manifestado que la asesora de Moncloa también investigada en esta causa, Cristina Álvarez, era la interlocutora de Gómez en los asuntos relativos al ‘software’, de acuerdo a las mismas fuentes.
La última en declarar ha sido la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, quien ha relatado que ella tiene inscrito el dominio del citado máster a su nombre, siendo también personal ajeno a la UCM.
