El tribunal ha desestimado el recurso de la defensa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, contra la decisión de la jueza que le investiga, Biedma, que pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara la documentación de Presidencia del Gobierno sobre los cargos que Carrero desempeñó allí antes de su incorporación a la Diputación.
De esta forma, la Audiencia respalda la actuación de la titular Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Biedma considera que la incorporación del asesor a la administración provincial pudo ser «un paso más» para atender los intereses personales de Sánchez. En un escrito, la jueza calificó de «imprescindible» examinar la documentación de Moncloa sobre los puestos que ocupó Carrero —actualmente jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Delegación de Cultura de la Diputación de Badajoz— cuando trabajó para el Ministerio de Presidencia.
El tribunal subraya que los hallazgos sobre el puesto del exasesor no son fortuitos, sino que forman parte de la investigación. «No estamos ante un hallazgo casual en cuanto que no se trata de hechos y delitos no conexos que precisarían la incoación de causa autónoma, sino ante la misma investigación objeto de esta fase, relativa a la creación, modificación y nomenclatura del puesto de trabajo del Sr. Sánchez, adaptándolo a sus necesidades bajo apariencia de legalidad», recoge el auto. Además, los magistrados recuerdan la «improcedencia» de los recursos de apelación cuando de lo que se trata es de acordar diligencias de investigación que no suponen ninguna infracción legal ni constitucional.
Aunque en un principio la investigación sobre el acceso a la Diputación del hermano del jefe del Ejecutivo giró en torno a la creación y adjudicación del puesto de coordinador de conservatorios que ocupó en 2017, así como su transformación en 2023 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, los hallazgos de la Guardia Civil han llevado a la jueza a investigar también la creación del puesto que ocupa Carrero, al que ha citado como imputado.
«No solo se habría creado el puesto a su medida y se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones, sino que, además, se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño», subrayó Biedma en su último auto, en el que la jueza apuntaba a la «posible existencia de indicios de criminalidad» en la creación y adjudicación del puesto que ocupa Carrero. De varios de los correos intervenidos se desprende, según la jueza, que ambos «daban por sentado» su incorporación al cargo, lo que refuerza la sospecha de que el proceso pudo estar dirigido desde el principio.
