La Abogacía del Estado pide la misma pena de prisión que solicitó recientemente la Fiscalía para el empresario. También argumenta que pague una multa de 448.000 euros. En cuanto a los otros empresarios investigados por presuntamente emitir facturas falsas, la Abogacía solicita dos años de prisión para Maximiliano Niéderer y un año para los otros tres, detalla el diario.
El pasado mes de mayo la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado (similar al procesamiento) en el marco del procedimiento principal en el que investiga a González Amador y a otros cuatro empresarios por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas. La pasada semana la magistrada rechazó el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, al apreciar «claros indicios» de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.
Por ahora han presentado sus escritos de acusación la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y faltan los de PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular. Fuentes jurídicas han recordado a Efe que el plazo para que las acusaciones populares cumplan con este trámite se suspendió porque no habían tenido traslado completo de las actuaciones, y aún no se ha reabierto, de modo que no está previsto que la presentación de los escritos sea inminente.
Antes de abrirse este procedimiento uno de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.
Además de este proceso principal, la magistrada mantiene abierta una pieza separada en la que investiga a la pareja de la presidenta de Madrid por presunta corrupción en los negocios en relación con el grupo Quirón.
