Fue en 2024 cuando Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, encargó a la «periodista» y militante socialista Leire Díez la «realización de otra actividad». Que no era otra que: «Proteger los intereses» de «ciertos miembros del Gobierno» o del propio «Presidente», Pedro Sánchez, ante las primeras investigaciones judiciales que ponían la lupa sobre la presunta corrupción de miembros de su entorno personal y político.
Es la conclusión a la que ha llegado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según consta en una parte del sumario del ‘caso cloacas’. El análisis «efectuado hasta la fecha» permite determinar: «La existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas» para boicotear a fiscales, jueces, policías y guardias civiles.
Así reza, concretamente, en un párrafo del atestado: «El fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente».
Más adelante, el informe detalla: «En el ámbito de esta actividad criminal, la ejecutada en los años 2024 y 2025 y que tendría por objeto la desestabilización de determinadas causas judiciales, Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la misma, el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas en función de las necesidades del grupo».
Todos ellos, sostiene la UCO, actuaron «de forma conjunta, desarrollaron esta actividad de forma coordinada, manteniendo unidad de acción y dirección, personificada en este caso bajo la figura de Santos Cerdán». Que fue la misma tesis expuesta por el juez Pedraz,. «Un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de esta unidad de acción y, también, del rol superior ostentado por Santos Cerdán, se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada», sostiene la UCO, que hace hincapié en las facturas a la ‘fontanera’.
La Policía Judicial sostiene que «se materializaron pagos procedentes del PSOE, mediante la emisión de facturación mendaz y, en algunos casos, mediante la interposición de sociedades, con destino, al menos, a Leire Díez -por importe de 22.500 € (IVA no incluido)- e interponiendo hasta dos sociedades con el único fin de encubrir el origen de los fondos».
Es más, la UCO infiere que el secretario de Organización del PSOE «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,…) de algunos de sus miembros».
