Es lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción en una denuncia ante la Audiencia Nacional, que consta en la nueva pieza del sumario, cuyo secreto se acaba de levantar. El escrito de Anticorrupción sostiene que los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, al tiempo que describe una estructura estable y coordinada destinada a intervenir en expedientes de relevancia económica dentro del sector público.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo Hirurok («nosotros tres, en euskera, en referencia Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) se articuló a través de cinco grandes operativas vinculadas a organismos públicos y empresas de relevancia estratégica. La investigación policial ha permitido concretar actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la Sepi a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides; y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías y con la que negoció la obtención de préstamos públicos del fondo FAIPP, gestionado por Sepides.
La trama habría intentado desplegar una red de influencia orientada a obtener decisiones favorables desde distintas administraciones públicas y a través de responsables políticos y altos cargos con capacidad de decisión. La Fiscalía considera que dichas intervenciones respondían a una estrategia continuada destinada a beneficiar tanto a empresas privadas como a los propios integrantes del grupo.
En el caso de Tubos Reunidos, los investigadores analizan la supuesta mediación realizada para facilitar la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones de euros. Respecto a Mercasa, la denuncia apunta a maniobras encaminadas a promover el traslado de la sede de la empresa mediante informes que habrían sobrevalorado los costes de rehabilitación de sus instalaciones actuales. En Enusa, las pesquisas se centran en actuaciones relacionadas con procesos de venta de activos y gestión de residuos, mientras que en Asturias se investiga la adjudicación de contratos vinculados al desmantelamiento industrial de baterías de coque. Por último, la financiación pública otorgada al Grupo Forestalia constituye otra de las líneas de investigación abiertas por Anticorrupción.
La denuncia describe además una estructura societaria que habría servido para canalizar los beneficios obtenidos a través de las distintas operativas investigadas. Según el Ministerio Público, el entramado estaba formalmente controlado por el empresario Antxón Alonso Egurrola y utilizaba principalmente las sociedades Mediaciones Martínez, Servinabar y Next Generation Caliope Innova.
A través de estas mercantiles se habrían recibido fondos procedentes de empresas beneficiadas por las decisiones administrativas investigadas, permitiendo posteriormente su distribución entre los miembros del grupo mediante diferentes mecanismos financieros. La Fiscalía considera que esta estructura empresarial desempeñó un papel esencial en la operativa del presunto grupo criminal, al facilitar tanto la recepción como el reparto de los beneficios obtenidos.
ITP Aero
Por su parte, la UCO revela en uno de sus informes sobre el entramado Hirurok que este intentó influir en los Gobiernos central y vasco para la venta de ITP Aero a Aciturri, también del sector aeronáutico. ITP tiene como accionistas a Indra, participada por la SEPI, y a Finkatuz, del Gobierno vasco. Lo que la trama pretendía, y así consta en la documentación localizada de una reunión entre Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, es que «Aciturri sea la elegida por Rolls Royce -accionista de ITP Aero- para la compra de ITP, contando con el apoyo del Gobierno español y del Gobierno vasco». La persona clave es Raúl Blanco, de SG Industria. «Hirurok procurará que directa o indirectamente (Aitor + Santos) reciba la indicación de que la oferta industrial y financiera es la de Aciturri + un fondo de inversión + TALDE».
Más tarde, Leire Díez remite un escrito a Hirurok, en julio de 2021, advirtiendo que «cada vez está más complicado el tema. Aciturri se ha convertido en comparsa de los fondos, no cuenta con la confianza de Raúl Blanco y el ‘eusko label’ a la oferta compradora lo están buscando otros, que no son el fondo TALDE» y termina con la frase «hay que seguir observando la operación».
