A través de un auto emitido este lunes, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, se ha dado a conocer que la defensa de Leire sostenía que la detención de la investigada, realizada el pasado 10 de diciembre, fue desproporcionada alegando que no hubo autorización judicial y que se vulneraron derechos fundamentales al producirse cuando no había riesgo ninguno de fuga ni delito hasta el momento. De haberse aceptado este incidente hubiese quedado anulada toda la información obtenida por la Unidad Central Operativa (UCO).
Sin embargo, la respuesta ha sido negativa. Pedraz alega que se presentó fuera del plazo legal establecido, llegando seis meses después del arresto, ya que se estaría discutiendo asuntos que ya han quedado cerrados por el tribunal. Esta postura también ha sido aceptada por la Fiscalía Anticorrupción.
El juez ha asegurado que hubiese sido posible «singularmente a través del procedimiento de ‘habeas corpus’, mediante recurso o alegación formulada en el momento procesal oportuno», en un plazo máximo de 20 días.
La Fiscalía Anticorrupción señala de todas formas que incluso si se hubiese realizado en ese plazo, y el juez hubiese aceptado estudiar el incidente de nulidad, en la detención no se produjo «lesión alguna de las normas esenciales del procedimiento con vulneración de derechos fundamentales determinantes de indefensión». Aseguran que la exmilitante solo está tratando de detener el acceso de la Guardia Civil a los dispositivos electrónicos que le fueron requisados.
