Así consta en una providencia fechada el martes 11 de agosto en la que se indica que el magistrado Zamarriego se inhibe, es decir, que deja de conocer del asunto en favor del órgano al que corresponda la competencia, en este caso un tribunal superior, la Audiencia Nacional. «Habiéndose acordado por Auto del día de la fecha aceptar el requerimiento de inhibición, requiérase por plazo de Cinco Días al Ministerio Fiscal para que manifieste si a la vista de lo acordado desiste del recurso interpuesto por carencia sobrevenida de su objeto», señala el escrito.
Por su parte, la resolución indica que, debido a la inhibición, se acuerda «dejar sin efecto el volcado acordado en su día del soporte de grabación» del fiscal Stampa, quien fue contactado por la fontanera de Ferraz para que le diera información comprometedora.
Esta semana se ha conocido que el juez Pedraz ha rechazado aceptar como acusación particular al coronel de la Guardia Civil Baena, jefe de la investigación policial sobre el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017.
El pasado mes de junio un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el rescate de 112,8 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la empresa Tubos Reunidos recogió que la fontanera de Ferraz, Leire Díez, aspiró a ser «directora de gabinete» de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad del Ministerio de Hacienda que se dedica a administrar compañías estatales y que aprobó la mencionada ayuda multimillonaria
