Mediante un escrito, la defensa de Koldo apunta a «la incompatibilidad estructural entre el juicio oral que se celebra y la investigación que la Audiencia Nacional», que «continúa», por lo que «solo la suspensión y la declaración de nulidad para unificar ambas causas puede resolverla».
La abogada Leticia de la Hoz señala que «la aparición sobrevenida y acumulada de hechos nuevos» en el informe sobre la adjudicación de mascarillas del Gobierno balear que presidía Armengol a la empresa Soluciones de Gestión –vinculada a Aldama y presunto epicentro de la trama– «evidencian, de manera objetiva e irrebatible, la existencia de graves vulneraciones de derechos fundamentales» y «obligan» a la Sala de lo Penal, la encargada de juzgar, «a actuar de oficio».
A su entender, el «hecho nuclear» que se juzga e investiga a la vez en dos sedes judiciales diferentes es «idéntico», porque en el Supremo se «enjuicia la supuesta organización entre los tres acusados para obtener adjudicaciones de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión a cambio de los pagos mensuales de Aldama» y a la Audiencia Nacional han llegado en los últimos meses varios informes –sobre las adjudicaciones de Baleares y Canarias, entre otros– que «investigan exactamente el mismo acuerdo, la misma organización y el mismo mecanismo de retribución».
La abogada pide, por ello, «la suspensión inmediata del juicio oral» y «la nulidad de las actuaciones», para que no se produzcan «nuevos actos procesales viciados sobre un objeto del proceso que está siendo simultáneamente investigado en la Audiencia Nacional». Y sostiene que el informe de la UCO sobre Baleares «evidencia una discordancia sustancial con las manifestaciones realizadas» por Armengol como testigo «en su anterior comparecencia».
Así, solicita al tribunal que llame a la expresidenta autonómica para que preste nueva declaración de manera «presencial» –y no por escrito, como ya ha hecho durante el juicio–, «con asistencia de todas las partes y plena observancia del principio de contradicción». «La omisión de estas diligencias causaría indefensión material a mi representado, vulnerando el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en la Constitución Española, y privaría a la defensa de la posibilidad de confrontar adecuadamente una prueba de naturaleza pericial cuya credibilidad ha quedado seriamente cuestionada por el nuevo informe», añade la defensa de Koldo.
