La acusada, cuya madre fue la diputada que ejercía especialmente de azote de Díaz Ayuso por supuestos escándalos de corrupción en la anterior legislatura, trabajó durante años en el área de administración de UGT Madrid. Desvió, según el escrito de acusación, al menos 4,5 millones de euros en fondos sindicales para financiar un tren de vida de lujo que incluía viajes a Miami, Maldivas, Dubái y París, cirugías estéticas y fiestas.
El escrito de acusación del Ministerio Público también solicita siete años y seis meses de cárcel para su marido y para otras dos investigadas, dos amigas suyas, a quienes considera cooperadoras necesarias en la estafa. Para otra de las implicadas, la Fiscalía pide dos años de prisión por su participación en los hechos.
La responsabilidad civil reclamada no se limita a la figura principal. El marido debe responder de forma conjunta y solidaria con la acusada principal por 607.608 euros. Una amiga, por 969.809 euros. La otra, por 954.585 euros. Y la última implicada, por 60.342 euros.
El modus operandi de la trama ha quedado documentado en sendas auditorías internas y en el sumario judicial. Mayka Tomás, que accedió al puesto en UGT Madrid por recomendación de su madre, aprovechó su posición en el departamento de administración para librar cheques fraudulentos. Según la Fiscalía, tras emitir el cheque, procedía a borrar de los cheques «con una goma que borra tinta» el nombre del beneficiario —elegido aleatoriamente de listas de personas ajenas publicadas en internet en convocatorias de oposiciones— y lo sustituía por el de su marido y sus cómplices.
Entre 2019 y 2021, emitió 71 cheques falsos por 372.660 euros, 67 por 407.936 euros y 40 más por 1.319.082 euros. Una auditoría interna posterior detectó hasta 657 talones sospechosos, lo que elevó el fraude total a más de cuatro millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegó a cifrar el perjuicio en más de seis millones.
A esta estafa con cheques se sumó el uso subrepticio de una tarjeta corporativa Solred perteneciente al entonces secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo. Con ese instrumento, la acusada habría costeado vuelos a Miami para doce pasajeros en agosto de 2020, billetes a Gran Canaria en Semana Santa para su pareja y 21 amigos, y escapadas familiares a Mallorca y Fuerteventura. También se han detectado billetes a París a nombre de su padre, marido de la ex diputada socialista. El fraude con la tarjeta alcanza los 162.000 euros según la auditoría remitida al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
Ante el juez, una de las investigadas declaró que había recibido de manos de Mayka Tomás viajes lujosos a Tanzania, Maldivas, Laponia o Dubái, y cheques por valor de 43.000 euros. Afirmó desconocer el origen espurio del dinero y que los regalos respondían a la voluntad de su amiga de ayudarla a superar «la mala racha» que atravesaba.
El caso estalló en diciembre de 2021, cuando López Reillo detectó que el sindicato sufría «inexplicables problemas de liquidez» y dimitió tras denunciarlo internamente. La gestora que le sucedió puso la documentación en manos de la Fiscalía de Madrid, que abrió diligencias a principios de 2022. El juzgado de instrucción inició los interrogatorios a los investigados en julio de ese mismo año. Ahora, cuatro años después, se conoce el escrito de acusación de cara al juicio oral que aún no tiene fecha.
La conexión política ha sobrevolado el caso desde el principio. Carmen López, madre de la acusada, era en aquel momento diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y ejercía como portavoz en materia de contratación pública, fiscalizando precisamente los contratos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Fue ella quien recomendó a su hija para el puesto en el sindicato del que luego la acusada se habría servido para el expolio.
La propia secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, reconoció públicamente que en la organización «faltó vigilancia en la gestión» y prometió aplicar «más controles» en el manejo de los recursos. «Es dinero de nuestros afiliados que queremos recuperar», declaró.
El juicio oral, para el que la Fiscalía ya ha propuesto sus medios de prueba, pondrá a prueba una instrucción que ha ido creciendo en complejidad y en cifras durante cuatro años. Lo que empezó como una denuncia interna por problemas de tesorería ha derivado en una de las causas por corrupción sindical más voluminosas de la historia reciente de Madrid. La hija de quien vigilaba los contratos ajenos llega al banquillo acusada de haber convertido las cuentas del sindicato en su caja particular.
