El fiscal pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que inicie la siguiente fase del procedimiento, que se inició a finales de 2018, y proponga juzgar a BBVA por los delitos de cohecho y revelación de secretos. El fiscal realiza la misma petición para el expresidente, Francisco González y otros exdirectivos del banco como Ángel Cano, Antonio Béjar o Julio Corrochano, entre otros, así como al propio Villarejo.
En el auto, de más de 200 páginas y fechado el 17 de mayo, Cabaleiro hace un repaso por los contratos entre el BBVA y Cenyt, la empresa de Villarejo, durante 13 años. El fiscal considera que la instrucción llevada a cabo por el juez García Castellón ha puesto de manifiesto “sobrada e indiscutidamente” que se cumplen los criterios para inciar el juicio oral contra la entidad jurídica. El escrito subraya que “gran parte de la defensa en este procedimiento ha ido dirigida a tratar de establecer que nadie en el BBVA con relevancia a efectos de las presentes contraprestaciones sabía que el titular real del Grupo Cenyt era José Manuel Villarejo Pérez tratando con ello establecer un ‘cortafuegos’ entre las contrataciones y aquel, en tanto funcionario público”.
Pese a que Carlos Torres no está imputado en la causa, el fiscal apunta a la existencia de correos electrónicos para “interesarse por asuntos personales de conocidos suyos”. Esto, según la opinión del fiscal, ponen de manifiesto que en el BBVA se implantó “la obediencia directa” a los dictados de la alta dirección y la existencia de comportamientos “contrarios al código ético”.
El movimiento del fiscal es el último eslabón de un largo proceso que investiga los vínculos entre la entidad y el expolicía. El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios privados del expolicía, Manuel García Castellón, concluyó la instrucción que se centró en el banco a finales de enero, si bien todavía no ha dado a conocer si ve indicios de delitos suficientes para acercar al juicio oral a la entidad que preside Carlos Torres. El fiscal, de acuerdo a ese documento, sí los aprecia.
La fecha prevista para que García Castellón deje el Juzgado Central de Instrucción número 6 es octubre de este año, momento en el que cumplirá 72 años. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la jubilación forzosa de los jueces y magistrados a los 70 años, si bien la retirada se puede prorrogar otros dos años. Y eso fue lo que ha hecho el magistrado de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no vio ningún defecto de forma en su solicitud.
