En un auto fechado ayer, el juez García Castellón reacciona al auto de la sala de lo Penal del pasado 20 de octubre, que revocó la prórroga de la instrucción hasta enero de 2024 que el juez había acordado en julio de este año.
Esa suspensión afectaba a diversas diligencias practicadas antes de que se decidiera la prórroga, y entre ellas figura la declaración del presidente de la entidad, Carlos Torres Vila, cuyo testimonio ha quedado anulado. Lo que pretende García Castellón es que el representante legal del banco, que ha acudido a la Audiencia Nacional en dos ocasiones -en una de ellas se negó a declarar- aclare si dispensa a María Jesús Arribas de su obligación de secreto profesional. El magistrado afea a BBVA que «en cuanto a la existencia de colaboración, no parece estarse cumpliendo en todos los casos», en referencia a la negativa del representante legal del banco a responder. El juez recuerda que el secreto profesional de un abogado respecto de su cliente «es un derecho, pero no una obligación». BBVA recurrió en su día la declaración como testigo de Arribas, con el argumento de que era parte del equipo de defensa de BBVA, y que había intervenido, según consta en correos electrónicos, a partir de mayo de 2018, «después del periodo en el que BBVA contrató a Cenyt».
La negativa del banco llevo al juez, que entendió que «no habiendo sido posible recabar declaración de María Jesús Arribas», que era la persona que reportaba al Comité lo que se iba realizando en la entidad, resultaba preciso citar como testigo al presidente, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma».
En su auto, el juez dispone que se cite a las partes y a los peritos designados por las acusaciones que van a analizar los documentos y correos que figuran en la causa, para delimitar el objeto de la pericial. El juez García Castellón investiga la operación «Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.
A mediados de 2019 acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.
