En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el magistrado acoge así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y razona que “es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal (del banco)”.Y dado que consta que la entidad ha aportado las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA -órgano designado responsable de la responsabilidad penal de la persona jurídica-, “resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres”, presidente de ese comité y también presidente de la entidad, en calidad de testigo.
El juez añade a esto que no ha sido posible recabar declaración de María Jesús Arribas de Paz, la persona que reportaba al comité lo que se iba realizando en la entidad, ya que “se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia”. Por eso, indica que “resulta preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma”.
Cabe recordar que el BBVA recurrió la decisión del magistrado de llamar a sede judicial a la propia Arribas de Paz. El BBVA, en concreto, alegaba que su declaración podría vulnerar el deber de secreto profesional y el privilegio abogado cliente, además del derecho de defensa de la propia entidad. Y es que, a juicio de BBVA, esta citación buscaba obligar a Arribas de Paz a declarar “en calidad de testigo sobre hechos de los que ha tenido conocimiento única y exclusivamente por su labor, como profesional de la abogacía y como abogada interna de la entidad”.
En este mismo auto, el juez acuerda la petición de la defensa del exdirectivo de Riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, que solicitó que el medio de comunicación El Confidencial facilitara una copia del archivo de audio publicado y que consta en las actuaciones relativo a una conversación entre Villarejo y el exdirector de Seguridad Julio Corrochano. El juez lo cree necesario para saber si esa conversación consta entre los archivos intervenidos a Villarejo porque la Unidad de Asuntos Internos hasta el momento “no ha podido concretar si el audio en cuestión se encuentra entre el material aprehendido”.
Por otro lado, sobre el acceso a los 2,3 millones de archivos aportados por la entidad a la causa y la realización de las periciales pertinentes, el magistrado da cinco días a las partes para que designen perito, “con expresa advertencia de que, en caso de no hacerlo, decaerá su derecho”. “Medida que puede adoptarse para garantizar la proporcionalidad y equilibrio entre las partes, que no pueden verse impedidas en la realización de una diligencia, pero que tampoco tienen la posibilidad de dilatar su posible práctica”, argumenta.
Fue en junio cuando García Castellón acordó que las diferentes acusaciones personadas designaran a sus peritos para que éstos fueran quienes accedieran a los archivos que han sido seleccionados mediante palabras clave que tienen que ver con la investigación. El juez añade que una vez se cumplan esos cinco días se procederá a citar a una comparecencia a los peritos para que manifiesten si asumen el trabajo, y que en caso positivo se les citará de nuevo “a efectos de la extracción de los hits en presencia de los peritos del BBVA, de la fuerza policial y el Letrado de la Administración de Justicia”. Para realizar el informe pertinente les da de máximo dos meses.
En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
