La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama,, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones «tienen que ser excluidas del procedimiento» y ello comprendería «promover un incidente de nulidad».
El juez Calama rechazó imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno tras tomarle declaración como investigado en el caso Plus Ultra. El magistrado descartó, por ahora, medidas como la retirada del pasaporte, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Sin embargo, sostuvo que el exjefe del Ejecutivo «no ha logrado desvirtuar los indicios» existentes en la causa.
En el auto, Calama recordó que la adopción de medidas cautelares «exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado». Aunque rechazó las medidas solicitadas por la Fiscalía, el magistrado consideró que Zapatero «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba»
Entre esos elementos indiciarios, el juez destacó la información obtenida en los dispositivos intervenidos durante los registros practicados en la investigación, la trazabilidad de distintas transferencias bancarias vinculadas presuntamente a fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a Plus Ultra y el uso de «múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar esos pagos».
A ello añadió el análisis preliminar del contenido del dispositivo electrónico del empresario venezolano Rodolfo Reyes, también investigado en la causa y remitido a la justicia española por las autoridades estadounidenses. Asimismo, mencionó el hallazgo durante un registro en el despacho del expresidente de varias joyas valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, respecto de las cuales señaló que no había acreditado ni su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera.
Con todo, Calama subrayó que la investigación se encontraba todavía en una fase inicial y presentaba un «evidente carácter embrionario». En este sentido, precisó que los indicios recogidos hasta ese momento «puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios, de por sí suficientes en este momento procesal para continuar», o «disiparlos a través de diligencias que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia».
