En sus conclusiones, son claros: un sistema así, «llevado a sus penúltimas consecuencias», conduciría al «colapso» del Estado, pues podría elevar la deuda pública española al 150% del PIB, pero también de la propia Administración catalana.
La decana del Colegio, Pérez Zabaleta, ha calificado de «gran anomalía democrática» el hecho de que el Gobierno no haya dado explicaciones detalladas sobre el documento pactado entre PSC y ERC, pero considera inviable el nuevo sistema. Para empezar, Jesús Quintas, presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio, además de director del informe, ha resumido en lo que consistiría esa financiación singular. Se trataría, ha explicado, de «establecer una competencia plena y exclusiva para Cataluña en materia tributaria», y la Generalitat entregaría al Estado «un porcentaje de su recaudación», algo que ha definido simple y llanamente como cupo. En tercer lugar, ha añadido, se traspasarían «los medios humanos y materiales a la Agencia Tributaria de Cataluña».
La implantación de una Agencia Tributaria Catalana podría suponer, según el informe de la organización, un coste de unos 374.637 millones de euros, que resultan de sumar distintos pasivos que asumiría el Estado. Los costes serían, entre otros, el precio de implantar la propia institución en Cataluña; la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado, de unos 80.000 millones; y la parte correspondiente a Cataluña de la deuda pública del Estado en función de su peso en el PIB nacional, que en teoría (pero no en la práctica) debería asumir esa comunidad como deuda suya (casi 300.000 millones de euros).
Teniendo en cuenta esta cifra, el Colegio de Economistas advierte de que a Cataluña le costaría entre 15 y 25 años disfrutar de incremento de ingresos, lo que muy probablemente, en la práctica, conduciría a que el Estado accediera a no exigir o condonar —total o parcialmente— estos importes. Esta situación, añade, implicaría que la deuda pública española pasaría a ser del 150% del PIB, fundamentalmente porque Cataluña, que es aproximadamente el 20% del PIB estatal, no asumiría en la práctica su parte en la deuda pública española.
La asunción plena de todas las competencias tributarias no tiene parangón en el mundo en países federales, como Alemania o Estados Unidos, ha señalado Quintas en la presentación del informe, en la que también se ha mostrado alarmado por el hecho de que el Estado tuviera que asumir compromisos internacionales sin control o información tributarios en Cataluña. Para Quintas, la política de gasto expansivo de la Generalitat es lo que ha llevado al «fracaso del sistema» en esa autonomía. «Tenemos la culpa todos, que hemos creado un sistema» que favorece que las autonomías no se hacen responsables de los ingresos para sufragar las competencias que reclaman, ha señalado.
El documento presentado por el Colegio de Economistas de Madrid también apunta que la pretensión catalana de mayores gastos por mayores competencias no está justificada, y lamenta que la propuesta de nuevo sistema acordado pretende tutelar a otras administraciones, en particular otras autonomías, y abre la puerta a arbitrariedades.
