A ello se suma el nuevo real decreto en tramitación, que impondrá requisitos más exigentes en sostenibilidad energética, eficiencia hídrica y soberanía digital.
La propuesta establece que las instalaciones con una potencia igual o superior a 1 MW deberán cubrir hora a hora al menos el 80% de su consumo con nueva generación renovable, además de cumplir criterios reforzados de eficiencia energética y uso del agua.
Estas exigencias afectan especialmente a los proyectos que aún no cuentan con permisos de acceso y conexión, aunque también podrían obligar a revisar inversiones ya comprometidas. Los expertos advierten de que disponer de suelo adecuado o estar cerca de una subestación no garantiza la viabilidad del proyecto si no existe capacidad real en la red o si las infraestructuras necesarias elevan excesivamente los costes.
Junto al factor energético, la disponibilidad de agua, la compatibilidad urbanística y las autorizaciones ambientales son elementos decisivos. La falta de alguno de estos requisitos puede retrasar significativamente el desarrollo o incluso comprometer la viabilidad de la inversión.
La futura normativa también introduce incertidumbre para proyectos en marcha. Aquellos que ya hayan obtenido permisos, pero todavía no estén conectados a la red, deberán acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos en los plazos previstos o arriesgarse a perder las autorizaciones.
Ante este escenario, los especialistas consideran imprescindible reforzar la revisión jurídica y técnica de los proyectos para evaluar riesgos regulatorios, costes de adaptación y rentabilidad. Según GTA Villamagna, el éxito de la nueva regulación dependerá de que aporte seguridad jurídica sin desincentivar inversiones que podrían trasladarse a otros países europeos.
