Sin embargo, un mes después de la llegada masiva de inmigrantes, las actuaciones anunciadas por el Gobierno siguen ofreciendo más declaraciones de intenciones que soluciones efectivas.
Los anuncios realizados en las últimas semanas han estado centrados en futuras reformas legislativas, nuevas estructuras de coordinación y promesas de colaboración institucional. Pero la realidad es que siguen faltando compromisos claros sobre cuándo se ejecutarán las medidas, qué recursos adicionales llegarán a Ceuta y cuáles serán los objetivos concretos para aliviar la presión que soportan los servicios públicos de la ciudad.
Las discrepancias públicas entre distintos miembros del Ejecutivo tampoco ayudan a transmitir una imagen de control. Las diferencias entre Defensa e Interior sobre los avisos previos a la crisis o el enfrentamiento entre el CGPJ y Justicia por los refuerzos judiciales evidencian una preocupante falta de coordinación en un momento que requiere justamente lo contrario.
Mientras tanto, Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la crisis. Los procedimientos de identificación, acogida y eventual devolución de los inmigrantes avanzan con lentitud y sujetos a numerosos trámites administrativos y judiciales. Las medidas extraordinarias anunciadas hasta ahora difícilmente pueden considerarse una respuesta estructural al problema.
El riesgo es que la actual movilización política e institucional termine diluyéndose con el paso de las semanas. Sin un calendario de actuación, sin recursos suficientes y sin una estrategia claramente definida, muchas de las promesas realizadas corren el peligro de quedar en meras declaraciones. Y cuando la urgencia desaparezca de los titulares, existe la sensación de que gran parte de los compromisos adquiridos podrían acabar, una vez más, en agua de borrajas.
En este temerosos contexto es bueno enumerar las principales medidas prometidas por el Gobierno:
• Aprobación de una nueva Ley de Asilo, adaptada al Pacto Europeo de Migración y Asilo, con la creación de un procedimiento de frontera para resolver solicitudes en un plazo máximo de 12 semanas.
• Reforma de la Ley de Extranjería, incorporando el denominado triaje fronterizo para la identificación, registro e información de los inmigrantes interceptados, así como la recogida obligatoria de datos biométricos.
• Impulso de las devoluciones de inmigrantes que no tengan derecho a protección internacional, incluyendo menores de edad, aunque en estos casos sometidas a mayores garantías jurídicas.
• Habilitación de nuevos espacios de acogida en Ceuta mediante un Real Decreto-Ley para alojar temporalmente a los menores mientras se completan los procesos de identificación y eventual reagrupación o devolución.
• Traslados de parte de los menores a la Península, aunque sin concretar cifras ni calendario.
• Refuerzo de la cooperación europea, incluyendo contactos con la Comisión Europea para aumentar la implicación de Frontex en la vigilancia de la frontera sur.
• Refuerzos judiciales extraordinarios, con comisiones de servicio para jueces y la presencia de dos jueces de guardia en Ceuta mientras persista la situación excepcional.
Precisamente, la principal crítica que puede hacerse es que muchas de estas actuaciones son normativas, organizativas o procedimentales, pero carecen todavía de un calendario detallado de ejecución, objetivos cuantificables o compromisos concretos sobre recursos permanentes. Es decir, se han anunciado instrumentos y reformas, pero sigue sin conocerse con claridad cuándo producirán efectos reales sobre el terreno ni cuál será su impacto efectivo en la gestión de la presión migratoria que soporta Ceuta.
Es decir, un fiel retrato del sanchismo inoperativo al que ya nos tiene acostumbrado el hombre que ha sido capaz de irse a La Mareta casi un mes y ocultarse tras su mujer, después de la peor invasión de su país por ciudadanos extranjeros
