Ambas juezas han decidido dar un paso a un lado para que el Pleno del Poder Judicial arranque un nuevo proceso del que puedan salir dos nombramientos pendientes. De hecho, Ferrer ha remitido una carta al Consejo en la que reprocha que los «vetos ideológicos» prevalezcan «sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas».
Ferre planteaba, entre otras razones, su candidatura al Departamento criminal del Supremo como la oportunidad de que, por primera vez, una mujer se situase a la cabeza del mismo. De ahí que en la misiva explicativa de su renuncia haga referencia a la dificultad de «aunar los consensos necesarios» a favor de ninguno de los dos aspirantes actuales a las dos Salas vacantes. «La confianza de la ciudadanía en sus instituciones se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres», ha afeado Ferrer.
La realidad es que en la última ocasión en la que se produjo una votación sobre los perfiles que se presentaron para ocupar el liderazgo de las salas Penal y Civil del Alto Tribunal, el Pleno del CGPJ concluyó con un empate técnico. Diez votos para los candidatos independientes, Andrés Martínez Arrieta, que actualmente se encarga de la Sala Segunda en situación de interinidad, y Pablo Lucas Murillo, en la misma situación que la anterior; y, otros diez para las candidatas oficialistas del Gobierno, Ferrer y Teso, sin que la presidenta Isabel Perelló pueda actuar como desempate ya que son necesarios un total de 13 votos para confirmar cada designación.
