Llegados a dicha fecha ya serán sólo 16 los miembros en activo del órgano –de los 20 que deberían conformarlo en circunstancias ordinarias– y el balance total de vocales quedará seis a diez a favor de los designados, por última vez, en 2018, a propuesta del Partido Popular (PP).
Desde hace cinco años, el órgano de gobierno de los jueces sufre un bloqueo institucional en el que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez le ha recortado las funciones de nombramientos que tiene constitucionalmente reconocidas. Un escenario en el que pese a la situación crítica en la que, como resultado de la parálisis de las designaciones, se han visto inmersos la mayoría de los altos tribunales de este país, el Consejo es la única institución del Estado que resiste a los intentos de control de la Moncloa, antes de las generales del 23-J.
Así las cosas, cada vez más, se ha ido ampliando la brecha entre el sector de la izquierda del Pleno del CGPJ frente a los conservadores. Si tras las salidas de Carlos Lesmes, por dimisión, Rafael Valverde, por jubilación y Victoria Cinto, por fallecimiento, la brecha se ampliaba entre ambas sensibilidades. En las últimas tiempos, la primera de ellas se veía mermada en un efectivo más por la dimisión de la vocal Concepción Sáez ante la situación de prórroga «insostenible» que afecta al CGPJ.
De nada sirvieron los intentos posteriores de otro de los vocales del bloque zurdo del Consejo, Álvaro Cuesta, para seguir el camino de su compañera pero con una dimisión en bloque de todo el sector. Los planes de Moncloa a través de Cuesta para frustrar el quorum legal del órgano –y, forzar con ello al PP a una renovación inmediata– fracasaron por la oposición de tres de los miembros afectados por las maniobras internas del exdiputado socialista Cuesta. Sánchez era cuestionado al respecto, en rueda de prensa tras finalizar un Consejo Europeo y, curiosamente, señalaba la imposibilidad de entrar a valorar las decisiones que fuesen a tomar los integrantes del CGPJ, como presidente del Gobierno.
Pese a lamentar que el órgano de gobierno de los jueces lleve cuatro años y cuatro meses bloqueado y tras insistir en que es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo es quien debe recuperar su autonomía y cumplir el acuerdo al que habían llegado el PP de su predecesor, Pablo Casado, y el Gobierno actual para renovar la institución, Sánchez considera que tras las elecciones «con una mayoría progresista más amplia» estará en posición de hacer ver al PP, de una vez por todas, que tiene que «cumplir con la Constitución y pactar la renovación». Un nuevo reparto de cromos.
