Según ha avanzado ‘El Español’ y han confirmado fuentes jurídicas, Conde-Pumpido trasladó a los magistrados de la Sala Primera, durante la reunión celebrada el pasado lunes, sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan acudir al TJUE para desoír sentencias del TC. Conde-Pumpido lo comentó respecto a un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si bien también apuntó al ‘caso ERE’. Posteriormente, el asunto llegó a los demás miembros del TC, reunidos por otro lado en la Sala Segunda y, de acuerdo con las fuentes consultadas, se espera que este mismo martes lo traslade formalmente en el Pleno.
No obstante, las fuentes indican que el presidente del TC ya ha dado un primer paso encargando a un grupo de letrados del TC un informe para analizar si es posible que los togados españoles planteen cuestiones prejudiciales en casos como el de los ERE y el TSJM.
Las fuentes explican que, si bien es incuestionable que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación del derecho comunitario al caso que tienen entre manos, no está tan claro que puedan hacerlo cuando se trata de sentencias del Tribunal Constitucional. Aunque, subrayan, el objetivo del informe es determinar qué competencias tienen los jueces españoles en ese sentido, reconocen que una de las posibilidades es acabar declarando la nulidad de la providencia donde la Audiencia de Sevilla ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre si procede preguntar al TJUE.
En esta providencia, a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de emitir las nuevas sentencias de los ERE después de que el TC anulara las de más de una decena de condenados, incluidos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, planteó que el TC «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación». La Audiencia de Sevilla pidió a las partes que se pronunciaran sobre si la doctrina fijada por el TC «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción», valorando en concreto una posible cuestión prejudicial ante el TJUE por si no son «del todo compatibles con el Derecho de la Unión».
