Esta ley atribuirá a los fiscales la instrucción penal y expulsará a los partidos políticos de la acusación popular. Además, permitirá ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
El proyecto entrará en vigor el 1 de enero de 2028, según han asegurado fuentes del Gobierno. En consecuencia, la nueva norma no afectará a las causas que actualmente se encuentran en tramitación, incluyendo también a las que afectan a Álvaro García Ortiz, actual fiscal del Estado. Esta ley, que sustituirá a la actual (redactada en 1882), tiene el objetivo de modernizar el proceso penal, según indica el Gobierno central.
Con la nueva ley habrá un cambio en el modelo que regula el procedimiento penal actualmente. A partir de su entrada en vigor, la dirección de las investigaciones penales pertenecerá al fiscal y no al juez instructor. Asimismo, con el proyecto se modificará el ejercicio de la acusación popular, tal y como recoge ‘La Sexta’. Por tanto, los partidos políticos serán excluidos de su ejercicio, así como las personas jurídicas públicas, los sindicatos y asociaciones.
Otra de las medidas que aprobará el Consejo de Ministros es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Con su modificación se amplía a cinco años el mandato del fiscal general del Estado. El objetivo es garantizar la autonomía del organismo.
La norma prohibirá que el Gobierno pueda transmitir cualquier tipo de indicación al Ministerio Fiscal.
