Pero no puede retrotraer las actuaciones a la presentación de ofertas, porque los franceses ya sabrían lo que el dueño de Movistar puso sobre la mesa para hacerse cargo de todos los trabajos incluidos en los diferentes lotes.
El pasado mes de febrero culminaba la licitación que arrancó en el verano del año pasado para dar cobertura tecnológica a esta división de telecos, que está llamada a liderar la ansiada diversificación con la que enjugar las abultadas pérdidas acumuladas durante los últimos años. El objeto era contratar los servicios de telecomunicaciones y el centro de soporte que la compañía «necesita para llevar a cabo su actividad de negocio con garantías de calidad de servicio». La fecha de finalización de la presentación de ofertas en este proceso negociado finalizó a comienzos de enero. Posteriormente, el órgano de contratación de Correos Telecom decidió excluir a Orange como aspirante alegando varios incumplimientos de las condiciones previas. La compañía francesa presentó alegaciones. Pero en paralelo, a principios de febrero, la empresa pública decidió adjudicar a Telefónica y sus principales filiales los cinco lotes en los que se dividió el contrato. Lo hizo, de acuerdo a esos plazos, antes de conocerse realmente el resultado de las reclamaciones efectuadas por los galos.
Tras el estudio de esas alegaciones, dio la razón a Orange y decidió en un primer momento retrotraer las actuaciones al periodo de presentación de ofertas para volver así a la casilla de salida. Sin embargo, Correos Telecom se corrigió a sí mismo y aseguró que no era posible dar marcha atrás de esta forma. La razón: la única oferta que sí que se ha hecho pública es la de Telefónica, por lo que no tendría igualdad de condiciones frente a los franceses, cuyo contenido de su propuesta no se llegó a mostrar debido a que fue expulsada con anterioridad. «Supondría de plano una vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores», asegura en la resolución, fechada el pasado 11 de mayo.
La salida ha sido la declaración del contrato desierto. El órgano de contratación se ha decantado por la no formalización del contrato, como queda reflejado en dicha resolución.
Esta es una opción que se contempla en la Ley de Contratos del Sector Público. Alegan interés público y dejan sin efecto todo el proceso después de más de nueve meses. En el mismo documento, Correos asegura que indemnizará a ambas compañías por los daños y perjuicios y los gastos en los que hayan podido incurrir durante todo el proceso. Ahora, con esta decisión de Correos queda en el aire uno de los contratos públicos más relevantes y cuantiosos del sector de las telecomunicaciones. Esta no formalización ejecutada obligaría a rehacer la licitación de estos servicios desde el principio, con un procedimiento totalmente nuevo. Por la importancia de los servicios, deberá retomarse. Pero lógicamente esto debería generar un retraso importante. Desde la empresa pública no se ha confirmado en ninguna de las resoluciones si retomará el contrato y de qué manera.
El contrato estaba dividido en cinco lotes: conectividad de centros y servicios; conectividad fija, red inteligente, contact center y movilidad; actuaciones en la red LAN; servicio de mensajes de texto (SMS) de negocio, y equipamiento y herramientas de mantenimiento. En concreto, la empresa pública da servicio a través de su filial de telecomunicaciones a un total de 3.433 sedes activas por toda España, como quedaba reflejado en los pliegos de condiciones técnicas de la licitación ahora anulada.
Hay que tener en cuenta que desde mediados de 2020, el grupo Correos asignó a esta división de telecomunicaciones, como empresa especializada, la competencia para gestionar las necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones. Se encarga de la gestión de la red y los servicios corporativos. No cuenta con infraestructura propia suficiente para dar servicio. De hecho, su infraestructura se limita a varios cientos de torres de telefonía y 3.000 kilómetros de fibra. Por tanto, este contrato permitirá ofrecer este servicio a todo el holding público.
