El letrado y líder de la formación, Luis María Pardo, le acusa de los delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación, homicidio imprudente y lesiones tras conocerse «su responsabilidad directa como máxima autoridad» sobre la Conferencia Hidrográfica del Júcar. En la querella se explica que Ribera como ministra de Transición Ecológica y, por tanto, «jefa jerárquica» de la citada Confederación, «tenía el deber de supervisar, coordinar y activar los protocolos de emergencias necesarios para prevenir y mitigar los efectos» de la gota fría.
Iustitia defiende que por parte de la vicepresidenta socialista hubo «falta de intervención», «omisión» a la hora de emitir la alertas que entiende que era imprescindibles y «falta de coordinación» con los servicios de emergencia. Este conjunto de circunstancias en su actuación coincide para la formación con los delitos de prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro.
Con lo que «incumplió las obligaciones que su cargo le impone», lo que derivó en que la población terminó expuesta a peligros que eran «evitables» en una «situación de emergencia mal gestionada».
Iustitia -que también ejerce de acusación popular en casos como «Koldo», «Begoña Gómez» o «David Sánchez»- ha presentado, a la vez, una ampliación de hechos en la querella que ya interpuso el pasado 4 de noviembre contra el presidente de la Comunidad Valenciana, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en relación con su actuación durante la DANA. Despliegan en la acción penal como nuevos presuntos indicios el hecho de que se ausentase de la reunión convocada para primera hora de la tarde en el centro de coordinación de la crisis de la DANA (Cecopi) y a la que no llegó hasta las 19:10 horas, cuando -expone- «la situación ya era crítica, con varias ciudades de la provincia de Valencia en inundación». Esta «falta de coordinación y la tardía respuesta» de Mazón como presidente autonómico asegura la formación que «agravaron los efectos de la catástrofe», quedando expuesta la población a las peligrosas consecuencias derivadas de la gota fría. Como, afirma, podría haberse evitado, existe para Iustitia «inacción y omisión» en su gestión como responsable público.
