En este sentido, ha negado que ordenase a dos exjefes de la UCO, los generales Yuste y López Malo, «ponerse de perfil» con las pesquisas políticas, tal y como revelaron los citados mandos en sede judicial, haciendo alusión a una reunión que mantuvieron con el DAO en julio de 2024. Según advirtieron, Llamas les dijo que no debían ser proactivos con las pesquisas que se seguían en ese momento contra el hermano del presidente, David Sánchez.
Llamas ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional después de que el juez Pedraz apreciara indicios suficientes para citarle como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra la Administración de Justicia. En un principio, estaba previsto que también lo hiciese la directora del Cuerpo, González, imputada por los mismos ilícitos. Finalmente, lo hará este viernes por decisión del magistrado. La investigación judicial trata de esclarecer si desde la cúpula del Instituto Armado se impulsaron actuaciones administrativas que pudieron interferir en el trabajo de la UCO y cuando esta investigaba causas que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Los informes del caso sostienen que la trama, liderada por Santos Cerdán y Leire Díez, pretendía actuar contra la unidad de élite a través de la relación que la fontanera mantenía con Mercedes González. La UCO ha acreditado al menos tres reuniones entre ambas en la Dirección General de la Guardia Civil. Los investigadores vinculan y sitúan en el tiempo esos encuentros con las informaciones reservadas, el paso previo al expediente disciplinario, que el DAO de la Guardia Civil abrió contra mandos y agentes de la UCO por presuntas filtraciones a la prensa de pesquisas en curso.
Sin embargo, el objetivo de esas investigaciones internas «no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las pesquisas». El expediente disciplinario dejó de ser el objeto de valoración «para convertirse en el instrumento empleado para ejercer la intimidación», advierte la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el teniente general «ocultó deliberadamente» a la UCO que existía una trama contra la propia unidad de élite durante diez días», hasta que el 8 de mayo de 2025, el general jefe de Policía Judicial, López Malo, le presentó una nota propia que alertaba de ese asunto. Fue entonces cuando el DAO admitió que ya conocía la existencia de ese documento por un aviso de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, y que Mercedes González también estaba al tanto de ello. López Malo, de quien depende la UCO, quiso advertir de esos graves hechos, porque la nota señalaba que, además de Díez y Cerdán, «tenía conocimiento de la trama la directora de la Guardia Civil».
