Si bien ambos ministerios se han pronunciado en los mismos términos, fuentes del ministerio de Trabajo han añadido que el compromiso contempla llevar a cabo esta tramitación de forma urgente, tal y como lleva semanas defendiendo la vicepresidenta Díaz. No obstante, en el texto remitido por Trabajo se reitera el objetivo de conseguir la jornada de 37,5 horas «de forma urgente en 2025», frase que no se ha incluido en el texto de Economía enviado a los medios.
Es decir, de momento todo sigue como antes y habrá que conocer lo que se ha comentado en el Consejo y a que pactos han llegado las fuerzas implicadas en esta pelea, en la que los números deberían de implantarse sobre los deseos y caprichos de la lidéresa comunista que necesita de un éxito político que las circunstancias le niegan en el reto de los ámbitos en los que se mueve. Incluso alguno señalan que su futuro depende en gran medida de su triunfo sobre el ministro Cuerpo, convertido por circunstancias ajenas a su ejecutoria tecnocrática en punta de lanza del, socialismo mas radical que trata de sobrevivir en una pelea de la que cuelga, además, todo el entramado sanchista que de producirse una ruptura de la coalición vería su futuro en peligro.
En este contexto es el que hay que encajar la batalla por la jornada laboral. En ella no solo está en juego la cabeza de Diaz, sino también la de Sánchez dada la debilidad de la colación que gobierna España pendiente minuto a minuto de acuerdos y compromisos prendidos con alfileres por el equipo de confianza de Sánchez, es decir Cerdán, Bolaños y Montero, y que hasta ahora les ha permitido estar donde están y gobernar al estilo bolivariano.
Esto quiere decir que en poco tiempo las empresas, básicamente las pequeñas, tendrán que apretarse el cinturón y sufrir el “daño” que conllevará este encarecimiento de la realidad empresarial tal y como se ha avanzado desde distintos foros económicos. Y que se concreta si el aumento es de 50 euros de salario mensual como el que propone Díaz, la empresa deberá pagar 1.000 euros más por empleado al año: 700 en concepto de salario y 300 en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Sumado al 6,25% de aumento de coste extra que la patronal atribuye a la reducción de jornada, a las empresas cada trabajador le puede costar unos 3.000 euros más.
Así que unos seguirán pagando y otros disfrutando de la poltrona
