“En cuanto ese trabajo de subida del salario mínimo que vamos a presentar el viernes se produzca”, ha agregado Díaz, “convocaremos con carácter urgente a los agentes sociales para, ahora sí, trabajar de nuevo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país”, ha añadido, en referencia a los cambios en los subsidios. Es decir, esta vez, en lugar de afinar la reforma solo en el seno del Gobierno —mano a mano entre Economía y Trabajo—, la conversación se abrirá a los agentes sociales. “Como saben ustedes, esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social. Solo pudimos consultarles por una razón de responsabilidad. Teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos faltaba en el Ministerio de Trabajo para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con agentes sociales”, ha justificado. Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que esta negociación se dará sin prisa, dando tiempo a las partes a llegar a un entendimiento.
El acuerdo entre el departamento de Díaz y el que entonces dirigía Calviño fue muy difícil. Tanto que incluso hubo reproches cruzados. Finalmente hubo cesiones de las dos partes y se llegó a un consenso defendido tanto por Economía como por Trabajo. Las líneas maestras de la reforma eran el aumento de la mayoría de cuantías, de los 480 euros actuales a 570 en los seis primeros meses y a 540 en los seis siguientes. Después de un año la prestación se quedaría en esos 480 euros, los mismos que seguirían aplicando durante todo el periodo para los parados de más de 52 años. Estas nuevas cuantías no iban a entrar en aplicación hasta junio, así que de momento no hay cambios en las prestaciones de estas personas vulnerables. Además, la reforma pactada por Economía y Trabajo permitía la compatibilización del empleo y parte del subsidio hasta un máximo de 180 días, eliminaba el mes de espera para recibir la ayuda, simplificaba las tipologías y reforzaba el control de requisitos para percibirlas.
“Podemos ha golpeado a los trabajadores de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y el PP”, ha añadido Díaz. Por su parte, la secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Montero, ha explicado que la negativa de su partido se debe a que el Gobierno intentó “colar un recorte” en un decreto en el que también incorporaba “mejoras”, de forma que proponía un “trágala” para después decir “si quieres mejoras, te tienes que comer el recorte”. En una entrevista en RNE recogida por EFE, Montero ha rechazado el “recorte” de las pensiones a los mayores de 52 años y ha trasladado la disposición de su formación a apoyar un nuevo texto si no se incluye este apartado.
Una vez se cierre la negociación en torno a los subsidios entre Trabajo y los agentes sociales, sea cual sea el acuerdo, también deberá recibir el refrendo del resto del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados. La mayoría de las normas acordadas en el diálogo social, ya sea solo con los sindicatos (como la segunda parte de la reforma de pensiones) o también con los empresarios (como la reforma laboral), acabaron siendo refrendadas durante la pasada legislatura. Solo hay un ejemplo de acuerdo oficial entre sindicatos y Trabajo que no llegue a materializarse, el estatuto del becario, al que se opuso frontalmente el Ministerio de Economía.