La noticia sorprendía ya de madrugada a los inversores. Un tribunal federal de EEUU ordenó suspender la mayor parte de los aranceles globales de Trump al considerar que se extralimitó en sus funciones cuando adoptó esta medida -que ha declarado «ilegal»- a principios de abril saltándose el Congreso, un fallo que afecta asimismo a los gravámenes aplicados a China, México y Canadá para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país.
En respuesta, el Gobierno de EEUU presentó la apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, especializada en temas comerciales, que ha decretado una medida cautelar para suspender la sentencia mientras se evalúan los recursos. Su argumento es que declarar los aranceles ilegales «daña la diplomacia de EEUU» y afecta la capacidad de Trump de realizar política exterior, sin responder al meollo de la sentencia: que los aranceles no se sostienen en ninguna base legal que permita al presidente aplicarlos sin permiso del Congreso.
Si la Corte rechazaba esta medida cautelar, el presidente estaba dispuesto a ir mañana mismo al Tribunal Supremo, según asegura el documento de apelación. Este paso permitiría, como mínimo, dar algo más de certidumbre: si el Supremo rechaza también las medidas cautelares, la señal sería muy clara. Si hay cautelar, el resultado estaría en el aire. En el Supremo hay una mayoría conservadora, de 6 a 3, pero solo dos de los jueces conservadores han votado sistemáticamente a favor de aceptar la gran mayoría de medidas del presidente, mientras que los cuatro restantes han votado a favor y en contra en diversos momentos.
Las dos partes, el Tribunal original y el Gobierno, tienen hasta el día 9 de junio para presentar su documentación. En ese día, la corte de apelación tendrá que decidir si ve bases para el recurso, y en ese caso, si prorroga la medida cautelar; o si confirma la sentencia.
Si se confirma el fallo, el gobierno estadounidense podría verse obligado a reembolsar los aranceles recaudados en virtud de estos preceptos, que ascienden a unos 13.700 millones de dólares hasta el 30 de abril, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.
