La Sala de lo Penal no aprecia indicios de que tenga responsabilidad en que la asesora de Moncloa, Álvarez, hiciese gestiones privadas para la mujer del presidente del Gobierno.
De igual forma, el alto tribunal da carpetazo a indagar en si pudo cometer un delito de falso testimonio, después de que negase en su declaración como testigo ante el juez Peinado que supiese de dónde partió la decisión de contratar a Álvarez como alto cargo de Presidencia del Gobierno.
El Supremo llego a decir en el auto que en la exposición razonada que le remitió el instructor hay una «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación» del ahora ministro socialista en el nombramiento de Álvarez como directora de Programas en el verano 2018.
La Sala aclara que sería necesario que existiesen muestras de que Bolaños conocía que los «caudales públicos se estuvieran destinando a un fin para el que no estaban previstos».
En definitiva, el Supremo no investigará al ahora titular de las carteras de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia porque «la mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo».
