Así, el juez de la Audiencia Nacional Calama ha cursado una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales israelíes para averiguar quién espió el móvil de Pedro Sánchez. En su escrito, Calama insiste en que necesita la información que lleva desde mayo de 2022 solicitando a la empresa israelí propietaria del programa espía Pegasus, NSO Group. Y también que declare como testigo en la causa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos el director ejecutivo de la compañía, Shalev Hulio. El instructor recuerda a Israel que está incumpliendo los convenios, protocolos y acuerdos vigentes en materia de asistencia penal.
El Gobierno Netanyahu es el único que tiene en su mano resolver un enigma que puso en jaque la propia seguridad del Estado, puesto que del teléfono del presidente fueron robados más de 2,57 GB de información, no se sabe cuál. También fueron asaltados los terminales de los ministros Margarita Robles, Fernando Grade-Marlaska y Luis Planas.
El móvil de Sánchez fue infectado con Pegasus en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, según acreditó el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI. Aunque el spyware actuó especialmente en mitad de la crisis con Marruecos de mayo de 2021, cuando el reino alauita empujó a entre 7.000 y 9.500 migrantes ilegales a través de la frontera ceutí del Tarajal. Muchos de ellos eran menores no acompañados. De ahí que las sospechas se centraran en Marruecos desde el principio. No había pruebas, pero tampoco dudas.
El Gobierno quiso llegar al fondo del asunto al enterarse, mucho tiempo después. En mayo de 2022, la Abogacía del Estado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional y el juez Calama abrió una investigación. Nada más empezar las pesquisas, dirigió una comisión rogatoria a Israel con una solicitud de información a NSO Group y la petición de declaración como testigo de su director ejecutivo. Más adelante amplió esa solicitud de cooperación jurídica internacional al Gobierno de Netanyahu, que ni siquiera contestó.
Calama insistió dos veces más antes de darse por vencido: jamás obtuvo respuesta de Israel, «lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca», escribió el juez. El 10 de julio de 2023, el instructor tuvo que decretar el sobreseimiento provisional por la «absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel», según el auto. Lo que condujo a la Audiencia Nacional a un callejón sin salida. El magistrado lo llamó «impotencia investigadora».
Siete días después del sobreseimiento provisional, el 17 de julio de 2023, ocurrió algo que explicaba el interés de Israel por no importunar a Marruecos: el Gobierno de Netanyahu reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, siguiendo el mismo procedimiento que había seguido España un año antes: una carta del primer ministro israelí que el Palacio Real de Rabat hizo pública con toda la pompa.
En su auto de julio de 2023, Calama sugería la vía diplomática del Ministerio de Albares como última y única opción. «Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación». Pero el Ejecutivo de Sánchez tampoco consiguió nada por los cauces diplomáticos.
En abril de 2024, Calama reabrió el caso. Lo hizo tras recibir una Orden Europea de Investigación de Francia que incorporaba una causa llevada a cabo en 2021 por múltiples infecciones con Pegasus a teléfonos de ministros, diputados y otras personalidades del país vecino. En su auto de ahora, el juez pide a las autoridades galas toda la información que, en su día, NSO Group les dio sobre el funcionamiento de Pegasus.
