La senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones, es un requisito previo a la elaboración de los presupuestos, que tienen que adaptarse a esos límites para garantizar que cumplen con las metas fiscales pactadas con Bruselas. El Gobierno ya aprobó una senda de estabilidad a mediados de noviembre, pero fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que criticaron que conducía a un aumento del gasto y, en el caso de la formación independentista, que fijaba un reparto del déficit injusto para comunidades autónomas y ayuntamientos.
La pasada semana, en cumplimiento de la ley de estabilidad, el Gobierno volvió a aprobar la senda -con las mismas cifras que la primera- y previsiblemente volverá a ser rechazada, ya que Junts mantiene su ruptura con el Gobierno pese a los intentos de acercamiento del Ejecutivo. En caso de que se produzca ese rechazo, entrarán en vigor los objetivos incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año, que son los mismos a nivel global pero con un reparto distinto, más estricto para las comunidades autónomas.
En concreto, la senda propuesta permite a las comunidades autónomas un déficit del 0,1 % del PIB cada año, pero si decae tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario, por lo que perderán un margen de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028 que podría aprovechar la administración central.
En cualquier caso, con esta votación, sea cual sea el resultado, se cierran los trámites previos a las cuentas y el Gobierno estará en condiciones de presentar el proyecto de presupuestos para 2026, que acumula ya meses de retraso.
El límite de gasto no financiero o techo de gasto para estas cuentas es el aprobado por el Gobierno en noviembre -216.177 millones (incluidos 4.151 millones de fondos europeos), un 8,5 % más-, ya que no se vota en las Cortes, solo se informa. La senda de estabilidad prevé, al igual que la rechazada y el plan fiscal, que el déficit público baje al 2,1 % del PIB en 2026, al 1,8 % en 2027 y al 1,6 % en 2028. Los objetivos de déficit para el Estado son del 1,8 % del PIB en 2026, del 1,5 % en 2027 y del 1,4 % en 2028; y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y del 0,1 % en 2028.
Las comunidades autónomas podrán tener un 0,1 % de su PIB de déficit en cada ejercicio, mientras que las corporaciones locales tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario. La deuda bajará al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % en 2027 y el 99,1 % en 2028 para cumplir con la regla de gasto -el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios-, que es del 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.
