Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han dado luz verde este martes a la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el paso necesario -tras su aprobación por parte de la Comisión Europea- para que España tenga acceso a 83.200 millones de euros en préstamos a cargo de los fondos Next Generation y a 10.300 millones más en ayudas directas de aquí a 2026. El Gobierno en funciones se comprometió a solicitar el cuarto pago de los fondos una vez que recibiese la luz verde de sus socios.
El beneplácito del Ecofin llega apenas dos semanas después del visto bueno que el Ejecutivo comunitario dio al texto el pasado 2 de octubre, después de un periodo de negociación de tres meses con las autoridades españolas. Además de aprobar la versión revisada del plan español, los titulares de Finanzas de los Veintisiete han avalado también las estrategias de reformas e inversiones renovadas de Portugal, Eslovenia, República Checa y Países Bajos.
La adenda española modifica 52 de las medidas incluidas en el plan original por la existencia de «circunstancias objetivas» que justifican esos cambios, como los problemas en las cadenas de suministros, la guerra rusa contra Ucrania, el aumento de precios y falta de demanda derivados de la alta inflación o la existencia de dificultades técnicas inesperadas.
Entre estos cambios se encuentra la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras, previsto en el plan original para 2024, a cambio de medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías. De las nuevas subvenciones, 2.600 millones de euros se destinarán al nuevo capítulo que incorpora la adenda para implementar la estrategia Repower EU, la hoja de ruta comunitaria que busca reducir la dependencia en combustibles fósiles rusos, de la que España podrá recibir la cantidad de 1.400 millones como anticipo.
Dentro del mismo, España se compromete a simplificar los procesos y permisos para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica, así como a realizar inversiones para apoyar la producción de hidrógeno renovable, subsidiar las energías renovables y el almacenamiento de energía, la infraestructura eléctrica y la descarbonización de la industria, entre otras medidas.
A ello se suman 7.700 millones más en transferencias a las que tenía derecho España a raíz de la actualización que hizo Bruselas de las asignaciones nacionales. Se destinarán, en concreto, a financiar 9 reformas y 23 inversiones, entre ellas, la ley de protección de los derechos de los consumidores, una reforma para mejorar el acceso de pymes y autonómos a financiación, la estrategia de microcredenciales en universidades o inversiones en medicina personalizada.
La partida más voluminosa del plan revisado serán los 83.200 millones de euros en préstamos – cerca del máximo de 84.000 millones que podía pedir España -, cuyo uso se concentrará en 2026, el último año de vida del fondo. Entre las siete reformas y veinte inversiones que financiarán estos créditos figuran medidas para facilitar la construcción y alquiler de vivienda, inversiones en ciencia, tecnología e innovación en el sector sanitario o para modernizar el sector aeroespacial.
