Asenjo, Villarejo y su socio, Rafael Redondo, han comparecido como imputados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, para declarar por ‘Aglow’, un programa preventivo, de «alerta», con informaciones de interés para Iberdrola, que sería en realidad una continuidad de ‘Arrow’.
La investigación judicial identifica ‘Arrow’ como el primer trabajo (2004) del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para Iberdrola, con el objetivo de eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Esta nueva información ha salido a la luz a raíz del análisis de las microcintas halladas en una de las viviendas de Villarejo en los registros llevados a cabo en noviembre de 2017, cuando estalló ‘Tándem’, la macrocausa sobre los negocios privados del comisario. Asenjo, que solamente ha contestado a las preguntas del fiscal y su abogado, ha declarado que Iberdrola no acudió a CENYT, sino que fue el grupo empresarial de Villarejo quien se acercó para ofrecer sus servicios como parte de una estrategia comercial muy agresiva, asegurando que no se llegó a materializar en encargo alguno.
Asegura que desconocía que Villarejo fuera comisario de la Policía Nacional en activo cuando entablaron contacto. En este sentido, ha detallado que incluso se lo recomendaron desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, por lo que asumió que podía hacer los trabajos que estaba ofertando sin incurrir en irregularidad alguna.
Redondo se ha acogido a su derecho a no declarar y Villarejo, que ha contestado a todas las partes– ha dicho no recordar nada sobre ‘Aglow’. «Están hablando de cosas de 2004, hace 20 años» declara a los medios a la salida de la Audiencia Nacional, mientras vuelve a apuntar al ex jefe del CNI Félix Sánz Roldán, al señalar que es a él a quien los investigadores deberían preguntar porque «es quien ahora mismo asesora al señor presidente» de Iberdrola.
Estas citaciones se enmarcan en la pieza separada número 17 de ‘Tándem’, donde García Castellón indaga en los supuestos encargos ilegales que la compañía habría hecho a Villarejo desde 2004 y por los que éste se habría embolsado más de un millón de euros.
En la causa, ya solo quedan imputados el propio comisario, Redondo y Asenjo. En el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quedó archivada de forma definitiva en octubre tras vencer el plazo prescripción para el delito de cohecho, que es de 10 años.
