La titular de la materia ha apuntado a que no hay margen de negociación cuando el equipo de Juanma Moreno Bonilla está actuando de forma contraria a la ley, dado que, como ha señalado la Comisión Europea, supone el incumplimiento de la sentencia por la que se condenó a España en 2015 por la falta de previsión en materia hidráulica. Hasta entonces, aseguran desde su departamento, no habrá ningún tipo de reunión con el Ejecutivo andaluz.
«La proposición de ley y sus cuatro artículos de legalización de regadíos son incompatibles con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, poniendo en riesgo la conservación de la zona y el plan de ejecución de la Unión Europea», ha apuntillado la ministra antes de sostener que es difícil garantizar el buen estado de Doñana si no se activan las competencias de gestión y ordenación del territorio, además de las competentes en materia de regadío y agricultura. La ministra no considera suficiente la intención mostrada esta mañana por el Ejecutivo andaluz para introducir modificaciones a la proposición de ley presentada en el Parlamento Andaluz y ha apuntado a la necesidad de retirarla por completo.
La ministra para la Transición Ecológica ha sido especialmente crítica con los comentarios que ha hecho la Junta de Andalucía sobre la posible intoxicación de información que habría ejercido el Gobierno central al trasladar lo sucedido a la Comisión Europea. «Es muy preocupante que oigamos decir cosas como esta respecto a las instituciones europeas. Todavía pueden decir que no entienden, que les contaminan, cómo si la Comisión Europea fuera manipulable. Ayer pudieron escucharles directamente», ha reprochado Ribera. En este sentido, ha recordado que la institución comunitaria ha dejado claro que su visita está enmarcada en que se trata de cometer una infracción que representaría un incumplimiento de una sentencia que no deja espacio a la interpretación.
El Gobierno trata de reconducir la situación
«O no entiende o es un comentario tan frívolo que sugiere que no está capacitado para ejercer las labores de su cargo», ha insinuado la ministra, haciendo referencia al consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Fernández-Pacheco, a quien ha invitado a dejar de menospreciar el impacto que representa lo que están haciendo, para intentar responder «con la máxima agilidad posible» al punto de partida. Ribera no ha ocultado su enfado con Moreno Bonilla, quien ha recapitulado, no hizo ningún comentario negativo al plan de hidrológico del Guadalquivir y, por tanto, le otorgó su consentimiento.
«Ahora siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Hablamos de multas coercitivas que se mantienen en tanto se mantenga esa actuación», ha reprochado la ministra, quien ha aconsejado a los integrantes del Ejecutivo andaluz que se estudien un manual de derecho de la Unión Europea para «encontrar mejores soluciones y no dejarse atropellar por populistas». Por su parte, Ribera ha garantizado que el Ejecutivo central está tratando de reconducir la situación, reforzando las inspecciones, cerrando pozos legales e ilegales y facilitando las comunidades de usuarios. En concreto, la estrategia principal del Consejo de Ministros es desplazar el uso del agua subterránea en favor de aguas superficiales o de origen no convencional.
La ministra ha cifrado en 200 el número de pozos ilegales cerrados desde el inicio de la legislatura, en 2018. Además, ha detallado que se han clausurado otros 500 que sí eran legales gracias a haber conseguido una dotación de agua de superficie suficiente para garantizar los derechos de abastecimiento de las poblaciones y de riego de los cultivos. «El compromiso del Gobierno con Doñana es total», ha defendido Ribera, quien también ha anunciado que procederán a reforzar los equipos técnicos del Seprona.
