La banca será la principal red para canalizarlos, pero el organismo público inyectará un total de 7.000 millones de euros a través del capital riesgo. Además, está abierto a invertir vía compra de bonos que emitan las empresas para financiar sus proyectos en mercados como MARF o AIAF e, incluso, a acometer inversiones en capital a través de Axis, con el límite de no copar más del 49% del total de la inversión o del fondo beneficiario.
Axis, la gestora de capital riesgo participada al 100% por el ICO, inyectará los 7.000 millones para apoyar al private equity y el venture capital en España hasta 2026. «Estos compromisos permitirán una movilización conjunta de recursos públicos y privados por un importe próximo a los 25.000 millones en función de la capacidad de absorción y materialización de proyectos por parte del capital privado»,
De este importe de 7.000 millones de euros, 4.000 millones se canalizarán a través del Fondo ICO Next-Tech para invertir tanto en vehículos de capital de riesgo como en fondos corporativos y en empresas españolas en crecimiento (startups y scale-ups). El vehículo es el segundo mayor de Europa de estas características, más cerca de Alemania, que ostenta el primer puesto, ya que espera movilizar hasta 8.000 millones de capital público-privado.
En total, al organismo público le tocará gestionar cinco líneas como gestor de los préstamos europeos: la citada iniciativa ICO verde, dirigida a proyectos con objetivos medioambientales y climáticos y dotada con 22.000 millones; la línea ICO Empresas y Emprendedores, con 8.150 millones de presupuesto -150 millones para el Perte de la Lengua-; el Fondo ICO Next Tech, que comprende otros 4.000 millones; el Spain Audiovisual Hub, dirigido al sector audiovisual y cultural, y que dispondrá de 1.712 millones (212 millones para el Perte de la Lengua), y una línea de préstamos para promover vivienda social en alquiler y rehabilitación con fines de eficiencia energética, con otros 4.000 millones de euros.
La red de la banca será un canal prioritario por su densa capilaridad, que permite llegar a cualquier territorio, y por la experiencia del sector para analizar la solvencia y adecuación de los proyectos. «Nuestra idea es aprovechar toda la capacidad de absorción que pueda tener la banca», compartió el presidente del ICO a este diario.
Para agilizar el proceso, el ICO ha construido una plataforma informática inspirada «en las mejores prácticas del Ministerio de Asuntos Económicos con el Kit Digital» que permitirá «evitar que muchas de las comprobaciones de los beneficiarios finales se tengan que acreditar» porque conectará con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Mercantil, las Haciendas forales de Navarra y el País Vasco e, incluso, a bases de información comercial como las de Informa para verificar aspectos sobre los negocios o cotejar si se trata de una pyme.
El calendario aprieta porque, para que lleguen los fondos, el 1 próximo de agosto de 2026 deben estar comprometidos en proyectos formalizados y ejecutados en parte. Para agilizar el proceso y evitar cuellos de botella, se han adoptado medidas como elaborar listas positivas de sectores o proyectos que reunirían las condiciones exigibles para acceder al dinero (que sean iniciativas sostenibles, de impulso a la digitalización, etc). En los proyectos por hasta 10 millones de euros su certificación se realizará además por medio de declaraciones responsables. Es decir, el beneficiario realizará una declaración de que dispone de la documentación e informes preceptivos que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos.
