La Sala de lo Contencioso ha sido la encargada de resolver la cuestión. Por un lado, está el caso del Santander, que reclamaba 60,4 millones de euros por todos los intereses devengados. Y, por otro, el de CaixaBank, que tenía dos recursos abiertos: uno de Bankia (que es el que la Audiencia ha desestimado ahora), en el que solicitaba la devolución de 17,8 millones, y otro propio de CaixaBank, por 40,3 millones, que se debe resolver en breve y se espera que corra la misma suerte. Estas cantidades suman 118,5 millones, más de los 100,12 millones citados, porque aquí computan todos los intereses, no solo los financieros. Estas cifras aparecen detalladas en un auto anterior del Supremo de marzo de 2022. En concreto, las entidades pedían la anulación de la resolución del 5 de julio de 2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, por tanto, que se reconociese su derecho a recuperar las cantidades reintegradas al sistema gasista con los intereses correspondientes. Aunque en la práctica solo quedaba por resolver la parte de los intereses financieros, ya que la devolución principal de la inversión se hizo mediante la indemnización de 1.350,7 millones del Estado por su responsabilidad patrimonial.
Los hechos que debaten los magistrados de la Audiencia Nacional nacen con los pagos que les realizaba la CNMC. O más bien cuando se dejaron de producir: estas liquidaciones se paralizaron en enero de 2018 y se abrió un procedimiento de revisión de lo ya devengado tras la decisión del Tribunal Constitucional de que la fórmula legal escogida en 2014 para el derecho de cobro y sus condiciones eran inconstitucionales.
Esta enésima batalla de la banca en la Audiencia sobre el proyecto Castor se llevó en paralelo a la petición en el Supremo. El Alto Tribunal resolvió un año después de presentar este recurso, en octubre de 2020: sentenció que los tres bancos —el Santander, CaixaBank y Bankia, ahora dentro de la entidad catalana— tenían “derecho a la indemnización en concepto de responsabilidad del Estado legislador” por 1.350,7 millones. Pero en esa cantidad no se incluían los intereses financieros, un detalle que los equipos jurídicos de las entidades decidieron batallar. Ahora falta por ver si seguirán con un recurso más ante el Supremo o si entierran el hacha de guerra.
Este embrollo desatado por el fiasco de Castor involucra a gobiernos tanto del PP como del PSOE. En 2008, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó el proyecto. Y en 2013, el Ejecutivo de Rajoy decidió hibernar el desarrollo tras la sucesión de decenas de pequeños terremotos provocados por la inyección de gas en el almacén submarino que se sintieron en localidades de Tarragona y Castellón. Por último, en diciembre de 2020 fue el Gobierno de Sánchez el que aprobó en el Boletín Oficial del Estado la autorización de endeudamiento de Hacienda para hacer frente al pago de los 1.350,7 millones.
En estas sentencias no se incluye a la constructora de la instalación, Escal —controlada en un 66,7% por ACS—, que renunció a la concesión en 2014 tras la alarma social generada.
