Este porcentaje oscila entre el 1,1% en Extremadura y el 2,9% en la Comunidad de Madrid (con un 3,7% en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Si se considera el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social, con diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. En Madrid el número de afiliadas por cada 1.000 hogares es más alto (39), seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13). El 45% de las personas que trabajan en el servicio doméstico en España son extranjeras, cifra muy inferior al máximo del 70% registrado en 2005. Fue en ese año cuando se produjo la regularización de inmigrantes residentes en España con contrato. Durante el proceso de afloramiento ocurrido a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión.
En 2012, la respuesta a la obligatoriedad de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social supuso un aumento significativo de las personas afiliadas al sistema en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó los 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras la crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado. En febrero de 2023, el número de personas superaba las 376.000, un 95,5% de las cuales son mujeres. De esta tendencia descendente del empleo en el trabajo doméstico dan cuenta los datos de afiliación a la Seguridad Social y los de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA).
No obstante, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no todas las personas que la desempeñan sin estar afiliadas la declaren) y, también, que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien). Por tanto, ambas fuentes pueden infraestimar el número de personas empleadas en el trabajo doméstico.
Aunque la ONU declaró en 1988 el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, no fue hasta 2011 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un convenio sobre el trabajo doméstico, que establece los derechos básicos para las trabajadoras domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. España ratificó ese convenio hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023, por lo que sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de 2024. El trabajo doméstico -históricamente con un escaso reconocimiento social e institucional- proporciona oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones.
Además, mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas como la limpieza de la casa, la preparación de comidas, la atención a las personas dependientes o la crianza de los hijos pequeños. En consecuencia, contribuye no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo, y en general al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir con los indicadores utilizados habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.
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