La decisión responde a un recurso presentado por Vox y no es firme, por lo que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el estudio económico no evalúa de forma adecuada el impacto financiero de las medidas previstas ni justifica su compatibilidad con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La sentencia otorga especial relevancia al informe de la Oficina de Control Económico, que advirtió de la falta de una estimación real de los costes derivados de la implantación del decreto y de la ausencia de un análisis específico sobre sus consecuencias económicas.
Los magistrados consideran que este informe técnico resulta más sólido y fundamentado que el resto de documentos incorporados al expediente, a los que reprochan una escasa motivación y la falta de respuesta a las objeciones planteadas por el órgano de control.
En consecuencia, el TSJPV aprecia un defecto sustancial en la tramitación de la norma y acuerda su anulación por no haber acreditado correctamente su impacto económico antes de su aprobación.
