Un récord que llega en un momento crítico para el Gobierno, que ultima una nueva oferta para trabajadores públicos mientras intenta sortear la presión de la doctrina de la justicia europea, que insta a hacer indefinidos a miles de interinos.
El 61% de estos trabajadores, 1,84 millones, corresponde a las comunidades autónomas, que han aumentado sus plantillas un 4,43% respecto a hace doce meses, seguidas de los ayuntamientos que, con 741.383 afiliados medios, suponen el 24,5% del total, pero han retrocedido un 1,22% en el último año.
La administración central, por su parte, cuenta con 440.780 afiliados, el 14,5% del total. Pero es la que más ha aumentado las plantillas a su cargo, un 6,8%. Es decir, 2,8 veces más que el 2,45% que creció el empleo en el sector privado en el mismo periodo, en buena parte por la aprobación de sucesivas ofertas públicas de empleo en los últimos años que el propio Ejecutivo presenta como ‘récords’.
El 84,5% de estos empleos se concentra solo en tres ramas de actividad: administraciones públicas y defensa (37,8%), educación (20,9%) y sanidad (25,7%). Pero el reparto difiere mucho entre las tres administraciones implicadas, ya que las comunidades tienen transferidas las competencias en educación y sanidad. Así, los funcionarios propiamente dichos suponen solo un 18,4% de su empleo público mientras los profesores suponen el 33,1% y sanitarios el 44,1%.
Los ayuntamientos, por contra, aportan el 24,5% de los trabajadores públicos pero el 77% de su plantilla se concentra en los funcionarios administrativos y policías locales. Sin embargo, tanto autonomías como entes locales han reducido el número de afiliados ‘funcionarios’ en el último año mientras han incrementado los puestos educación y, en menor medida, en sanidad.
El caso del sector central es muy diferente. Supone el 14,5% del empleo, con 440.759 afiliados medios, aunque es el que más se ha incrementado en el último año. El papel de educación y sanidad es también residual (apenas un 1,86% y un 1,14% respectivamente). Los funcionarios suponen un 52%, pero han crecido un 8,92% y explican toda la subida interanual registrada entre estos trabajadores.
De hecho, aunque los afiliados funcionarios ‘propiamente dichos’ en la administración central son menos que en las territoriales, su evolución al alza ha sido mucho más intensa lo largo de la serie histórica, que arranca en 2013. En especial a partir de 2018, cuando Sánchez llega al poder y su evolución se desliga de la de comunidades y ayuntamientos.
Los efectivos en mayo de 2024 superan en un 84% los registrados en octubre de 2013, mientras que los ayuntamientos lo han incrementado un 12% y las comunidades solo un 3%. Aunque en este caso su evolución ha sido mucho más volátil y se ha visto afectada por los cambios de gobiernos autonómicos en el último año. Así, desde los comicios de mayo 2023, los funcionarios autonómicos se han desplomado en un 20%, mientras los profesores y médicos se han incrementado.
Pero además de los funcionarios propiamente dichos, la administración central cuenta con el peso de grandes empresas públicas, sobre las que pivota el grueso de su oferta de empleo. Así, un 10,8 % de sus asalariados corresponden a «actividades postales» (trabajadores de Correos), con 47.531 afiliados medios. Otro 7,9%, a «almacenamiento y transporte» (lo que apunta a Renfe), con 34.994 trabajadores. También destacan la investigación y desarrollo (5,3%) y los servicios técnicos de infraestructura e ingeniería (4,7%).
