El proceso de liberalización del sector se ha convertido en un fracaso por la enorme competencia que supone la tarifa regulada frente a la que ofrecen las comercializadoras del mercado libre. Con la reciente bajada para el próximo trimestre de la tarifa regulada de un 19,7% y la reducción que se espera para la revisión del próximo julio, el sector teme que se produzca una huida desde las tarifas del mercado libre hacia el regulado y que esto les provoque importantes pérdidas.
La diferencia de precios -que oscilan al menos entre un 30 y un 93%- se puede incluso agravar durante el próximo semestre y llegar a alterar la sostenibilidad del sistema. No obstante, desde el sector todavía no se aventuran a asegurar si llegará o no a generar un déficit ya que dependerá de la evolución del mercado y las decisiones de los clientes.
Ante esta situación el sector ha puesto sobre la mesa del Ministerio de Transición Ecológica esta problemática y han reclamado una revisión de la fórmula de cálculo de la TUR. Para tratar de resolver esta situación, Sedigas y ACIE enviaron una carta al ministerio a principios de marzo en la que exponían su preocupación y pedían al departamento que dirige la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Aagesen, que tomase medidas al respecto. La propuesta pasa por llevar a cabo una revisión integral de la fórmula de cálculo de la tarifa regulada de gas. Para hacerlo, el sector propone eliminar las referencias al petróleo brent, cuya evolución apenas impacta ya en el precio del gas natural, así como la actual indexación al mercado británico National Balancing Point.
España ha sido durante la crisis energética uno de los países que ha contado con mejor abastecimiento de gas gracias a las infraestructuras existentes (regasificadoras y conexiones internacionales), lo que convierte al mercado del gas de nuestro país en una buena referencia y cuya liquidez ha sido creciente en los últimos años.
Otra de las peticiones que pone sobre la mesa el sector es la inclusión de productos a largo plazo, al igual que se hizo el año pasado con la tarifa eléctrica PVPC para reducir la volatilidad que se traslada al cliente. Incorporar índices de productos de gas natural a plazo, con periodo de entrega posterior a la de publicación de las tarifas, de forma que los comercializadores de último recurso (CUR) puedan adquirirlos con antelación y no exista riesgo entre su coste de aprovisionamiento y el precio de venta reconocido facilitaría un alivio económico a las empresas.
A futuro, las empresas creen que se podría valorar el incluir cotizaciones del mercado spot de gas (productos diarios), en la medida que se desarrolle y ejecute un plan de implantación de contadores inteligentes que permitan que los consumidores tengan información sobre su consumo real y puedan tomar decisiones de consumo en base a un precio spot.
Y, por último, un ajuste del término de comercialización. La CMP (materia prima) de la TUR incorpora una estimación del coste de peaje y cánones y un coste asociado a la gestión comercial. Estos valores han quedado obsoletos y no reflejan el incremento de costes sufrido en la actividad desde que se establecieron en 2009.El coste comercial reconocido debe considerar los de un comercializador eficiente y responsable, de forma que no se altere la competencia efectiva de mercado.
De forma análoga al coste de comercialización reconocido en la tarifa regulada eléctrica (PVPC), estos costes deberían ser actualizados con una periodicidad suficiente para que, al menos, los parámetros de carácter regulatorio reflejen su valor en vigor en la normativa asociada.
Mientras todo esto sucede, Bruselas reclama que el peso de las tarifas reguladas se reduzca para avanzar con los procesos de liberalización.
Por su parte, las empresas ya han entrado en la temporada primaveral de reposición de existencias de 2025, pero la ausencia de bajadas de precios no está creando ningún incentivo real para comprar gas natural en el mercado. Los inventarios de gas de la UE han comenzado abril con un 33% de llenado, y los países líderes, Alemania y Francia, con existencias aún más bajas, del 28% y el 24,5%, respectivamente, tras un invierno inusualmente frío y la interrupción de los flujos de gas ruso por gasoducto a través de Ucrania, pueden suponer un fuerte incremento de la demanda en los próximos meses.