Es mas, asegura que el problema de la vivienda es el más grave para los españoles y afirma categóricamente que «no se está atajando bien». «Las medidas aplicadas son contraproducentes. Hay que tratarlo como un problema de negocio» ha dicho. «Según nuestro servicio de estudios, desde finales de 2020 hasta hoy se han creado un millón de nuevos hogares, pero solo se están construyendo 400.000 casas», ha señalado.
CaixaBank es el banco con la mayor actividad hipotecaria más fuerte y uno de los más agresivos comercialmente. Uno de cada cuatro españoles tiene su préstamo con CaixaBank. «Es evidente que los precios están extraordinariamente tensionados en España. Lo lógico es que se vayan corrigiendo. Hay una mayor probabilidad de que los tipos de interés suban en 2027 a que sigan bajando en 2026», asegura.
Según la entidad, las hipotecas son tan baratas a tipo fijo que es como si los españoles estuvieran pagando diferenciales negativos sobre euribor. «Eso está facilitando la accesibilidad», afirma.
Gortázar rechaza de plano que estemos en los prolegómenos de una burbuja. «En 2008 había un problema de especulación y ahora es un problema de falta de oferta de vivienda», explica. El banco, según Gortázar, sigue teniendo capacidad para seguir creciendo en España pese a sus elevadísimas cuotas de mercado en muchos negocios. «La idea es gestionar cada vez más dinero de nuestros clientes», señala.
Gortázar cree que sería bueno repensar la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 una vez finalizada la opa BBVA-Sabadell. El Gobierno ha intervenido en la operación porque la normativa le da potestad para ello cuando una operación es aprobada por la Autoridad de Competencia en fase 2 por razones de interés general. «El interés general es un tema extraordinariamente importante, extraordinariamente subjetivo, pero la normativa española habilita al Gobierno a entrar a estudiar este aspecto y, por lo tanto, el Gobierno actuó perfectamente dentro de lo que la normativa actual le habilita», ha aseverado el CEO de CaixaBank.
Sin embargo cree que esa normativa tiene grietas mal resueltas. «Si estuviéramos ante una operación entre un banco alemán y un banco español, estos no estarían sujetos a la competencia de la CNMC, sino a Bruselas y el Gobierno no podría estudiar el interés general».
«No sé si tiene sentido que el Gobierno entre a valorar cómo afecta una operación de este tipo al interés general solo si el análisis desde el punto de vista de competencia pasa a Fase 2».
