Según un estudio publicado por el Banco de España, la llamada «progresividad en frío» aporta el 9,4% de la recaudación total de este impuesto, un porcentaje que solo supera Chipre en la zona euro.
El informe sitúa a España, junto con Italia, Malta y Chipre, entre los países que menos han compensado el efecto de la inflación sobre los contribuyentes. Además, critica que las medidas adoptadas hayan sido puntuales y sin una estrategia fiscal definida. En contraste, países como Alemania, Austria o Luxemburgo han neutralizado completamente este impacto e incluso han aplicado rebajas fiscales adicionales.
Los expertos advierten de que la falta de deflactación afecta especialmente a las rentas medias y bajas, que son las más expuestas a saltar de tramo impositivo. Según el Consejo General de Economistas, un trabajador con ingresos brutos de 25.000 euros paga de media 256 euros más al año en IRPF; con 30.000 euros, el sobrecoste asciende a 342 euros, y con 45.000 euros, a 525 euros.
Mientras tanto, la recaudación del Estado por este impuesto continúa marcando máximos históricos.
Las comunidades autónomas han intentado paliar parcialmente esta situación. Madrid aplica desde 2023 una actualización automática de los tramos y prevé nuevas rebajas fiscales; La Rioja ha vinculado la deflactación a la evolución del IPC, mientras que Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana también han introducido medidas de alivio tributario.
La no actualización del IRPF se ha convertido además en un asunto de confrontación política, con el PP reclamando al Gobierno que elimine esta subida fiscal indirecta.
