En el texto, De la Fuente reprueba las «parcas explicaciones» ofrecidas por el Ejecutivo y homologa la propuesta pactada entre socialistas y republicanos con el modelo económico vigente en los territorios forales: «Las parcas explicaciones que el Gobierno ha ofrecido hasta el momento sobre lo pactado no van mucho más allá de la invitación a leer el acuerdo con atención, la negación de que (pese a las evidentes similitudes entre ambos) el sistema propuesto para Cataluña sea equiparable al régimen de concierto (o convenio) económico del que disfrutan el País Vasco y Navarra».
Contrariamente a la posición del Gobierno, el especialista en finanzas públicas considera que el acuerdo no servirá de base para reformar el sistema de financiación de forma general. «Los elevados costes que previsiblemente tendría la implementación del acuerdo apuntan a la necesidad de buscar una vía alternativa, que no debería comprometer ni el principio de solidaridad ni la autonomía del Gobierno central», razona. De la Fuente repasa el contenido del acuerdo solo para encontrar varias lagunas, como las referentes al cálculo de las cuotas de solidaridad y por la contraprestación de los servicios del Estado. Tampoco le convence la cesión del impuesto de Sociedades, que a su juicio «abriría la puerta a una competencia para atraer establecimientos productivos y sedes empresariales que sería prudente evitar».
Al igual que advirtieron los inspectores de Hacienda, el economista considera una «pésima idea» la cesión a la Generalitat de las plenas competencias sobre la recaudación y gestión del 100% de impuestos. «Trocear la Agencia Tributaria estatal (la AEAT), como ahora se propone, resultaría sin duda en mayores costes de gestión y una menor efectividad en la lucha contra el fraude», abunda. Recuerda, además, que este esquema ya se ha demostrado ineficiente en Alemania.
Como alternativa, De la Fuente sugiere avanzar hacia una «administración tributaria única pero realmente de todos (quizás a través de un consorcio a 16 en lugar de 15 consorcios a dos)».
El director de Fedea también critica el empeño de hacer pasar por federal un acuerdo que a su juicio es confederal. «Abrir la puerta a la generalización del sistema de concierto, como ahora se propone, supondría romper de forma drástica ese equilibrio a favor de los territorios, lo que marcaría el inicio del desguace del Estado federal que ya tenemos en la práctica para iniciar una deriva hacia un estado confederal disfuncional que no tiene nada que ver con el de los países a los que nos gustaría parecernos. El coste podría ser enorme», advierte.
Respecto al principio de ordinalidad esgrimido por los nacionalistas considera que no solo debe regir para Cataluña sino ser uno de los factores de reparto para todos los territorios. De hecho, en financiación por habitante ajustado la comunidad catalana ya se halla en la media.
Por otro lado, denuncia las críticas contra las bajadas de impuestos, sobre todo de Madrid. «La solidaridad o la redistribución entre territorios no tiene nada que ver con lo que haga cada uno de ellos internamente con sus impuestos en legítimo uso de su autonomía», resume.
Si se llegara a aplicar finalmente el cupo catalán, el Estado podría compensar al resto de comunidades a costa de un importante aumento de los impuestos o de un severo recorte del gasto público, como ha alertado el propio think tank. De otra forma, las comunidades menos prósperas verían recortadas las transferencias de la caja común.
«Habrá claros ganadores y perdedores sin que los cambios en la distribución de recursos que se atisban supongan una mejora en la equidad del sistema, y habrá también enormes daños colaterales en la forma de una pérdida de eficiencia en la recaudación tributaria y una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado que podría comprometer su capacidad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales», concluye De la Fuente.
