En la primera parte de su análisis repasa la situación económica actual y la respuesta de política económica a las diversas crisis que hemos sufrido durante el último año. Su primera parte repasa la evolución de la economía española en comparación con la media europea desde la superación de la pandemia en 2022 hasta la actualidad, un período marcado por la invasión de Ucrania, la guerra arancelaria iniciada por la segunda Administración Trump y, en las últimas semanas, por el inicio de una nueva guerra del Golfo. La segunda parte se dedica valora las principales medidas económicas y sociales tomadas en los últimos meses por el Gobierno español para mitigar los efectos de estas crisis sobre los hogares y empresas más afectados.
La economía española está entre las economías europeas que mejor se han comportado durante los últimos años. Si tomamos el conjunto del período entre 2022 y 2025, el PIB real español ha aumentado a una tasa media anual del 2,87% frente al 1,01% del conjunto de la UE27, situándonos en primer lugar de la Unión, por delante de Bulgaria, Portugal y Dinamarca, con más de punto y medio de ventaja sobre Francia e Italia, y con más de tres puntos sobre Alemania, que vio decrecer su nivel de renta en términos absolutos en estos años por su especial dependencia del gas ruso. En términos del crecimiento del PIB per cápita, la situación es menos favorable, pero España se mantiene en el grupo de cabeza, con un crecimiento medio del 1,81% que la sitúa en cuarto lugar, por detrás sólo de Bulgaria, Polonia y Grecia. Si consideramos el último año completo disponible, 2025, el diferencial con la UE se reduce en algo más de medio punto frente al promedio de 2022-25 gracias a la recuperación del Este de la UE, mientras que el ritmo de crecimiento español se mantiene aproximadamente constante.
Durante estos años, la evolución de los principales indicadores de empleo, salarios e inflación ha sido generalmente positiva en nuestro país, aunque con algunos matices que aconsejan una cierta prudencia en su valoración, incluyendo la importante subida del número de demandantes de empleo con relación laboral, que distorsiona las estadísticas de paro registrado, y la resistencia a la baja de los precios de los alimentos tras la normalización de la mayor parte de los componentes de la inflación, incluyendo el energético, hasta el inicio del nuevo conflicto del Golfo. El buen desempeño macroeconómico general ha permitido reducir apreciablemente el déficit público y el peso de la deuda pública en el PIB, aunque no tanto como sería deseable, pero no ha alterado la deriva al alza de la presión fiscal y del peso del gasto público en el PIB. Así, el déficit se está manteniendo por encima del 2% del PIB durante la parte alta del ciclo, indicando la existencia de un sustancial déficit estructural que tiene su origen fundamental en el déficit contributivo del sistema de Seguridad Social, y el peso del gasto público en el PIB ha aumentado en casi cuatro puntos entre 2018 y 2025.
El buen desempeño relativo de nuestros país en años recientes debería verse con una cierta precaución, como un fenómeno posiblemente coyuntural debido en buena parte al efecto de fuertes vientos de cola en España y del negativo impacto de la crisis de Ucrania en otras partes de Europa, y no necesariamente como el fruto de un cambio estructural que marque una ruptura de la tendencia de medio plazo hacia la pérdida de renta relativa con respecto al promedio de la OCDE iniciada en torno al año 2000. Entre esos vientos de cola están el buen comportamiento del turismo, que debe mucho a factores exógenos, incluyendo la elevada inseguridad de algunos de nuestros potenciales competidores en este ámbito, el rápido crecimiento de la población como resultado de fuertes influjos migratorios, la entrada de un volumen importante de fondos europeos para la recuperación del Covid, la relativa lejanía, tanto física como comercial, de Rusia y Ucrania y la limitada exposición al mercado norteamericano, que absorbe una parte muy reducida de nuestras exportaciones.
El inicio del segundo mandato del Presidente Trump ha estado marcado por un agresivo cuestionamiento del statu quo geopolítico y económico mundial que ha desencadenado dos importantes crisis con implicaciones mundiales: una guerra arancelaria como no se había visto en décadas, y un conflicto armado de Estados Unidos e Israel con Irán que ya está afectando de forma directa a prácticamente todos los países del Golfo e indirectamente a muchos otros a través del cierre del estrecho Ormuz, por el que circula una parte importante del comercio mundial en productos energéticos y otras materias primas estratégicas.
Pese a que la exposición directa de nuestro país (y, en menor medida, la de la UE) a la subida de los aranceles americanos es en principio reducida, el primer año de su aplicación se ha cerrado con una reducción del 8% de nuestras exportaciones de bienes a EEUU y un incremento de más del 50% de nuestro déficit comercial con este país (que se convierte en un 25% en el caso del agregado de los principales miembros de la UE). Aunque es demasiado pronto para alcanzar conclusiones claras (incluso sobre el nivel al que se estabilizarán las tasas sobre las importaciones), la subida de los aranceles americanos parece estar teniendo un efecto negativo apreciable sobre los saldos comerciales de muchos de sus socios que implicaría pérdidas modestas de PIB. Al menos por el momento, sin embargo, parece haberse evitado el peor escenario posible, el de una guerra comercial generalizada con sucesivas rondas de medidas retaliatorias que podría tener efectos desastrosos, como los de la que hace un siglo contribuyó a agravar la Gran Depresión tras la aprobación del arancel americano de Smoot-Hawley en 1930.
Potencialmente más graves son las consecuencias del nuevo conflicto en el Golfo, pues Oriente Medio es el principal suministrador neto de energía del mundo, cubriendo un tercio de la demanda neta mundial, aunque todo dependerá de la duración de la guerra y de los daños que pueda sufrir la capacidad de producción de la región. El creciente peso de las energías renovables en las economías avanzadas puede mitigar los efectos del shock, pero sólo muy modestamente, pues el peso de las energías fósiles en el consumo total de energía sigue siendo dominante, situándose en casi el 90% a nivel mundial y en torno al 80% tanto en la UE como en España.
En materia de política económica, el Gobierno español ha ido respondiendo a las sucesivas crisis con una serie de medidas paliativas que se han centrado en aliviar los efectos de las subidas de precios de bienes esenciales sobre los hogares y los sectores productivos más directamente afectados. En el caso de los aranceles, las medidas más importantes han sido el establecimiento de una línea de avales del ICO y el reforzamiento del sistema de seguros de crédito a la exportación, buscando ayudar a las empresas más afectada a afrontar posibles problemas de liquidez o a financiar proyectos de diversificación y búsqueda de nuevos mercados. En cuanto a la crisis de Irán, se han tomado medidas similares a las adoptadas al inicio de la Guerra de Ucrania, que pueden clasificarse en tres grupos principales: ayudas temporales a los sectores más afectados (transporte, agricultura y pesca), rebajas transitorias de la fiscalidad energética y ayudas a familias de renta baja a través del aumento del bono social eléctrico y térmico y la prohibición de corte de suministros básicos. Como ya sucedió hace unos años, algunas de estas medidas son cuestionables por su coste innecesariamente elevado (al no concentrarse las ayudas en los que realmente las necesitan), por su falta de transparencia y porque debilitan las señales de precios que incentivarían el deseable ajuste a la baja de la demanda energética
