En un escrito enviado al Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz relata que «no existe constancia alguna» de que difundiera documentos reservados de la investigación a González Amador.
El abogado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado el libre sobreseimiento de la causa abierta en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de información relativa a una propuesta de conformidad penal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante un supuesto delito de fraude fiscal.
Según el escrito enviado a la Sala Segunda del Supremo, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, la investigación no ha conseguido aportar pruebas incriminatorias directas contra García Ortiz, mientras que sí ha recopilado material exculpatorio.
Según el abogado del fiscal general del Estado, el procedimiento contra él «obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos». «Lejos de una exposición neutral, la querella suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio que pretende sostener, presentando al querellante como un simple particular, cuando era una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid».
Y que por esa relación y condición, sigue el escrito, procedió a divulgar la información sobre las comunicaciones previas mantenidas con la Fiscalía de delitos económicos, «que fueron parte esencial, mediante su manipulación y presentación sesgada, a la intensa actividad mediática e institucional que se desplegó la noche del 13 de marzo de 2024; omisiones buscan desplazar artificialmente la sospecha» hacia el máximo responsable del Ministerio Público.
El documento destaca que «no existe constancia alguna» de que el Fiscal General haya participado en la difusión a medios de comunicación de los correos electrónicos o documentos reservados objeto de la investigación.
Por el contrario, su defensa asegura que personas próximas a González Amador, entre ellas el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, remitieron imágenes, mensajes y fragmentos de los citados correos a periodistas con anterioridad a la supuesta filtración atribuida a Fiscalía.
Asimismo, el escrito hace hincapié en la inexistencia de relevancia penal de los hechos investigados, al considerar que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la información pierde su carácter de secreto en el momento en que se divulga a profesionales de la información. De este modo, la eventual participación de García Ortiz en la difusión sería «atípica», ya que al momento de su conocimiento la información «era de dominio público» y había sido reproducida ampliamente en medios y redes sociales.
«El intento de González Amador de proyectar una imagen de desconocimiento sobre las negociaciones con la Fiscalía, en abierta contradicción con las manifestaciones de su propio abogado, no solo compromete su credibilidad, sino que impone una especial cautela a la hora de valorar la veracidad de su testimonio», relatan.
Por otro lado, el abogado de García Ortiz recalca que el borrado de los datos del terminal telefónico realizado por su patrocinado, que fue muy criticado por la acusación, «además de constituir una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos, no constituye en ningún caso indicio de autoría de delito alguno».
El escrito señala que «resulta altamente verosímil» que la información recogida tanto en el contenido del correo de 12 de marzo de 2024 como el de 2 de febrero fueran conocidos por el periodista que lo publicó a través del propio Alberto González y de Miguel Ángel Rodríguez «o de personas de su entorno más inmediato» y por todo ello solicita el archivo definitivo de la causa.
