El Ministerio Público archivó una denuncia en la que se incluían los documentos internos. En la resolución, que iba sin firmar, como el informe de Hacienda del caso del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se decretó la ausencia de conductas delictivas.
Este movimiento de la Fiscalía madrileña se ha llevado a cabo después de varios meses recibiendo denuncias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios miembros del Ejecutivo autonómico. Las denuncias, interpuestas por familiares de mayores fallecidos durante la pandemia del coronavirus, han partido de diferentes municipios de la región, entre los que se encuentran Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Collado Villalba y varios más.
Si bien ahora desde el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra bajo sospecha por las filtraciones de datos sensibles sobre la pareja de la presidenta madrileña que investiga el Tribunal Supremo, se estiman las denuncias alegando que «existen indicios de criminalidad», la Fiscalía de Madrid rechazó admitir a trámite una denuncia interpuesta en 2020 donde se pedía la imputación del exministro Illa por haber sido el responsable de elaborar dos documentos que se remitieron a las comunidades autónomas donde se pedía que las personas mayores no salieran de las residencias aunque tuvieran síntomas del coronavirus. La resolución con la que se puso fin al recorrido judicial de la denuncia se dictó sin la identidad del fiscal que había tomado la decisión. El mismo modus operandi que cuando la juez Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, pidió a Hacienda un informe sobre el hermano de Sánchez y la Agencia Tributaria elaboró un documento exculpatorio sin firmar.
El escrito interno de Sanidad pidió a las residencias que, en vez de trasladar a centros hospitalarios a los mayores con síntomas se quedaran en el interior del inmueble «debiendo restringir sus movimientos lo máximo posible y haciendo que se queden en una habitación con buena ventilación». En otro punto del documento se estableció que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve debe ser aislado del resto de residentes» y de no ser posible el aislamiento individual «puede recurrirse al aislamiento por cohorte». Es decir, se ordenó a las residencias que se juntara a todos los infectados en un único lugar.
Los documentos acreditan que Sanidad trasladó a las consejerías de salud de las distintas regiones estas órdenes a pesar que conocían que la vulnerabilidad de los ancianos y que la mortalidad era muy alta. «En la franja de 70 a 79 años es del 8% y del 14,8% para los mayores de 80 años», reza el escrito. El escrito también pedía “suspender las visitas de los familiares a los ancianos residentes e igualmente prohibir todas las salidas de los ancianos de las residencias». En medio de estas exigencias, Illa firmó otro documento en paralelo a este con el Ministerio del Interior que establecía que, sin embargo, los presos con síntomas sí podían ser trasladados a hospitales.
