El mismo día en que el Ejecutivo ha dado a conocer su propuesta para limitar el papel de estas acusaciones en las investigaciones penales, García Ortiz se ha pronunciado en contra de ellas, asegurando que son las responsables de que se haya impulsado un «juicio paralelo» en los medios de comunicación.
En su escrito García Ortiz pide al magistrado Hurtado que acuerde medidas cautelares para frenar la filtración del sumario del procedimiento y le insta a agrupar todas las acusaciones populares. Cabe recordar que este procedimiento lo impulsó el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a tenor de la nota informativa que él mandó elaborar para desmentir que la institución hubiera ofrecido pacto alguno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que investiga por dos delitos fiscales.
Desde entonces, se han sumado otras acusaciones al procedimiento como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, mientras que la pareja de la mandataria madrileña, Alberto González Amador, litiga como acusación particular. Al respecto, el fiscal general solicita al magistrado que agrupe todas las acusaciones populares (como ha ocurrido en el caso Koldo) ante el «abuso en el ejercicio de su derecho».
De hecho, alega que se han vulnerado de manera reiterada sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la intimidad, así como su derecho a un proceso equitativo con todas las garantías procesales, a la presunción de inocencia y a la protección de datos de carácter personal. Por ello ha reclamado que se abra una pieza separada para que se abra la vía a poder interponer las multas que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 557. El mismo determina que las diligencias de un sumario son reservadas y que el abogado o procurador que revele contenido del sumario puede ser multado con cuantías que oscilan entre os 500 y los 10.000 euros.
