Nadie duda de que García Ortiz encara su semana más delicada desde que fuera nombrado fiscal general en agosto de 2022 porque será la primera vez que el jefe del Ministerio Público declare como investigado ante un tribunal, un hito judicial histórico que comporta también una relevante proyección política y mediática, en boca de todos los partidos y medios de comunicación.
El horizonte judicial de García Ortiz se puede volver más complejo en función de lo que ocurra el martes, cuando la Sala de lo Contencioso resuelva el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público.
La Apif, una asociación que además está personada como acusación popular contra García Ortiz en la causa del novio de Ayuso, interpuso hace un año un recurso contra la designación de García Ortiz como fiscal general, al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno muestran que su nombramiento «no se ajusta a la ley», más aún cuando el Supremo le acusó de «desviación de poder» al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada, lo que a su juicio hace que decaiga el requisito de jurista de reconocido prestigio, necesario para el cargo.
Poco después, García Ortiz recusó sin éxito a los magistrados por falta de imparcialidad, ya que son los mismos que resolvieron el caso de Delgado, en un movimiento que no sentó nada bien en el tribunal.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la intención de la Sala pasa por avanzar el fallo el martes. En caso de que estimen el recurso, podría darse la situación de que García Ortiz acuda a declarar habiendo sido ya anulado su nombramiento como fiscal general, si bien la causa seguiría en el Supremo por ser él fiscal de sala.
Sea como fuere, la cita del miércoles marcará un antes y un después en la vida de García Ortiz y en la carrera fiscal. La expectación es enorme ante lo que tenga que responder al juez sobre lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía publicó por orden suya una nota informativa para desmentir una noticia de El Mundo sobre que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, cuando luego se demostró que era al contrario.
Pero eso no es lo que investiga el juez, que tiene la vista puesta en los correos que el fiscal Julián Saltó se intercambió con el letrado, especialmente el del 2 de febrero que reconocía la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021» y que fue filtrado a la prensa.
El magistrado considera que «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su «participación preeminente» en los hechos.
Por eso sospecha que «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».
Este informe y la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cercan al fiscal general, si bien existen muchas otras incógnitas que deberá responder en un interrogatorio que las fuentes prevén que será muy largo, siempre que no se acoja a su derecho a no declarar.
¿Por qué su mano derecha Diego Villafañe reclamó el expediente completo de González Amador el 8 de marzo a la fiscal provincial Pilar Rodríguez -también imputada y que declara el día siguiente- sin preguntar a Lastra?, ¿quién filtró la noticia a El Diario el día 12 de la denuncia que contenía datos que no conocía la propia Lastra?, y ¿Cómo explicar la «urgencia y gran tensión» como dice el juez que tuvo García Ortiz por hacerse con los correos la noche del 13?.
Igual de relevante será cuando tenga que responder sobre el cambio de móvil y el borrado de todos los mensajes del anterior teléfono una semana después de que abriera causa el juez contra él, en aplicación según García Ortiz de un protocolo de seguridad, pero que Lastra desconoce por completo. Ahora bien, uno de los platos fuertes vendrá cuando, como es previsible, se aborde la conexión entre Fortuny y Moncloa, porque el juez apunta a que ese correo circuló en las fechas investigadas «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno» «y de ahí» al medio ElPlural.com, en virtud del informe sobre los mensajes del ex líder del PSOE madrileño Juan Lobato.
Por el momento, el juez no ha ido más allá y no ha acordado diligencias hacia altos cargos de Moncloa, pero la declaración de García Ortiz y las conclusiones que arroje la investigación de la UCO, que trata de recuperar sus mensajes, podrían abrir un nuevo frente en la causa.
