García Ortiz entiende que los jueces cuestionados no pueden intervenir en este nuevo procedimiento administrativo ya que fueron los mismos que, en su día, lo señalaron por incurrir en una «desviación de poder» en el ascenso de Dolores Delgado a la primera categoría de fiscal de Sala.
Así las cosas, una vez registrado el escrito remitido por el fiscal general al Alto Tribunal, se dará traslado a las demás partes para que informen, entre ellas la entidad recurrente y los propios magistrados recusado que pueden pronunciarse sobre si consideran que podrían estar afectados por un condicionamiento previo que les impida pronunciarse de manera objetiva sobre el caso. Con todas las conclusiones, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, junto con los presidentes de cada una de las Sala del Supremo y dos magistrados de cada una de ellas, el más antiguo y más moderno, los que decidan si se estima o no la petición del titular del Ministerio Público.
Si la Sala da la razón a García Ortiz, los magistrados quedarán apartados del procedimiento y serán otros magistrados de otra Secciónde la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo los que asuman el encargo. En caso contrario, se mantendrá a los mismos jueces con imposición de costas al fiscal general e, incluso, si se demuestra que la recusación fue planteada «de mala fe», podría desprenderse, además, una pena de multa.
Cabe recordar que, así las cosas, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmaba la reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras un polémico primer mandato, y apenas unos días después de que se conociese la sentencia del Supremo que anuló el primer ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría del escalafón del Ministerio Público, gracias a una polémica decisión de su sucesor en el cargo. Varias semanas después de conocerse dicha resolución del Ejecutivo -el Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, de renovación del nombramiento de García Ortiz como máximo responsable de la Carrera- y tras anunciar que la recurriría, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) formulaba la correspondiente demanda, ante la Sala Tercera del Alto Tribunal.
