La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catauña, David Mascort, pactaron esas medidas en una reunión en Barcelona.
Por un lado, los equipos de ambas administraciones acordaron que a partir de este mes de junio y “si fuera necesario”, en palabras de Mascort en una rueda de prensa tras la reunión con Ribera, dos barcos puedan transportar hasta 20.000 metros cúbicos de agua desde la desaladora de Sagunto -propiedad de la sociedad estatal Acuamed- hasta el puerto de Barcelona con el fin de garantizar el abastecimiento urbano de la capital catalana y su área metropolitana con vistas a este verano.
Ribera subrayó que se trata de “la solución técnicamente más sencilla y más viable”, y que se trata de “un agua que no compite con otros usos locales” y procede de una instalación “infrautilizada”. “Ojalá no resultará necesario, pero está en condiciones de poder funcionar con total normalidad y con total garantía sin interferir ninguno de los usos actuales o potencialmente previstos para el año 2027 en adelante con proyectos industriales en la zona de Sagunto”, añadió Ribera.
Mascort precisó que se trata de “una solución puntual” si se produjera una “situación de mayor emergencia”, por lo que, según añadió, “no es la solución para la sequía de Cataluña”.
Por otro lado, Ribera y Mascort acordaron cómo se financiará la construcción de las desaladoras en la Tordera y el Foix. Correrán a cargo de fondos europeos Next Generation y se aplicará “el principio de recuperación de costes”, que ambos reiteraron que se aplica en las obras hidráulicas, es decir, que el Gobierno español recuperará después el dinero que facilite primero a la Generalitat de Cataluña.
Esa financiación se hará a través de Aquamed. La desaladora de la Tordera (con 287 millones de euros) se licitará este año, sus obras comenzarán en 2025 y concluirán en 2028. Y la del Foix (180 millones de euros) se licitará en 2025 y estará operativa en 2029.
En esos proyectos, que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros, se colocarán instalaciones fotovoltaicas para reducir el coste energético.
