Tras tener acceso a lo declarado por la directora de Recursos Humanos del IE, Gil de Antuñano, «lo cierto y verdad» es que ella «nunca dijo que a Begoña Gómez se la contratara (en el IE) por ser la esposa del presidente del Gobierno».
«Sí afirmó que quien le dio la instrucción de que formalizara un contrato con ella fue su superior jerárquico, el señor Güemes, pero nada respecto de los motivos de la contratación de Gómez, porque ella los desconocía. Por tanto, los motivos por los que Güemes tiene la condición de investigado en la presente causa, conforme fue informado por el instructor, no tienen fundamento», señala la defensa.
Por eso, recalca que las diligencias practicadas no permiten «justificar durante más tiempo el mantenimiento de la condición de investigado» y por tanto solicita «el sobreseimiento y archivo de la causa».
En su escrito, recuerda que en la primera declaración del 18 de noviembre de 2024 como testigo, el juez Juan Carlos Peinado le indicó que Gil de Antuñano manifestó en su comparecencia que fue él «quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la motivación era por ser la esposa del presidente del Gobierno».
Güemes incidió entonces en que sí que dio la orden de contratarla pero que no se hizo «por ser la esposa del presidente del Gobierno». Y sostuvo que la relación con Gómez venía de antes de que Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno y que si bien no tenía un curriculum de la misma sabía de su experiencia en la Universidad Complutense de Madrid por fuentes abiertas como LinkedIn.
Tras esto, la defensa explica que el magistrado decidió suspender la declaración porque convertía su condición de testigo a investigado. «Esta forma tan abrupta de dar por finalizada la declaración y de modificar la situación procesal de mi representado de testigo a investigado, le desconcierta hasta el punto de que, ni en ese momento ni realmente hasta le fecha, sabe exactamente, cuál es el motivo, cuál es el delito o los delitos por los que se le atribuye esta nueva condición de investigado», indica.
Tras esto, relata que un mes después, el 18 de diciembre de 2024, compareció como investigado y el instructor le informó de que su condición derivaba por la «consonancia o disonancia» con la declaración de Gil de Antuñano «y que incluso, podrían dar lugar a que se dedujera testimonio por un presunto delito de falso testimonio».
«Por tanto, la condición de investigado de Güemes lo sería, aparentemente, por existir, contra él, indicios suficientes de ser autor de un delito de falso testimonio en causa criminal, al haber mentido al decir que a Begoña Gómez no se la había contratado por ser la esposa del presidente del Gobierno y la prueba de que, por el contrario, Gómez sí había sido contratada por ese motivo residiría en la declaración de Sonsoles Gil de Antuñano», resalta la defensa.
E incide en que tras repasar la declaración de ésta, «nunca dijo» que se le contratara por ser esposa del presidente y sí afirmó que quien le dio la instrucción de que formalizara un contrato con ella fue su superior jerárquico, Güemes, «pero nada respecto de los motivos de la contratación».
Por eso, sostiene que los motivos de Peinado para imputarle carecen «de fundamento» y recuerda que, en todo caso, ese Juzgado «no sería el competente para conocer de esos hechos ni su instructor, quien debiera de determinar la existencia o inexistencia de esos indicios delictivos»
